Comunicado de la agrupación de juristas de Societat Civil Catalana

Comunicado de la agrupación de juristas de Societat Civil Catalana ante el comunicado del CICAC del 26 de marzo:

Ante la reciente publicación por el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña (CICAC) de su Comunicado de 26 de marzo de 2018, en el que los decanos de todos los colegios catalanes, como representantes de la abogacía catalana, vierten una serie de opiniones críticas sobre algunas resoluciones judiciales relacionadas con el denominado “procés” y emanadas de nuestro Tribunal Supremo, llegando a pedir expresamente: “dejar sin efecto las que se han producido y que no se vuelvan a reproducir en decisiones futuras”, los juristas integrantes de SCC, en su mayoría abogados en ejercicio adscritos a colegios catalanes, nos vemos obligados a formular públicamente nuestra respetuosa queja contra dicho Comunicado, por las siguientes razones:

1) La expresión y difusión de opiniones críticas sobre resoluciones judiciales no es función que corresponda ni legal ni estatuariamente a los colegios profesionales de abogados ni a los consejos que los agrupan, máxime cuando tales críticas responden a un determinado posicionamiento ideológico no compartido por buena parte del colectivo profesional.

Ni en el art. 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales ni en el art. 4 de los Estatutos del CICAC, aprobados por Resol. Dep. Justicia 6/04/1984, se encuentra prevista tal función. Respetamos absolutamente y animamos, incluso, a que los decanos firmantes del Comunicado, en ejercicio de su indiscutible derecho fundamental a la libertad de expresión y a la libre difusión de pensamientos, ideas y opiniones (art. 20.1.a CE), manifiesten y difundan esas y cualesquiera otras opiniones jurídicas, incluso críticas con determinadas resoluciones judiciales, siempre y cuando lo hagan a título personal, jamás en representación de un colectivo profesional tan sensible y plural como el de los abogados catalanes.

Baste recordar la Sentencia del TSJCat de 1/12/2016, que anuló el Acuerdo del CICAC de 14/10/2013 de adhesión al denominado “Pacto por el derecho a decidir”, cuando declara que: “Si la actuación del Colegio Profesional sobrepasa los límites que señala la Ley 2/1974 de 13 de febrero de Colegios Profesionales y realiza actuaciones que permiten su equiparación con una asociación privada, exigiendo a los colegiados un posicionamiento ideológico acorde con [la] línea de pensamiento asumida por la Junta de Gobierno, es evidente que con dicha actuación se produce un enfrentamiento entre la colegiación obligada para ejercer y el derecho de no asociarse, quedando vulnerado este último. (…)

En definitiva, no puede exigirse a nadie que asuma una ideología como condición para el ejercicio de una profesión. Hacerlo supone una vulneración a la libertad ideológica, de expresión y de asociación, libertades indisolublemente unidas al pluralismo político que, como valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico, propugna la Constitución española.”.

2) La reciente comunicación del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 23/03/2018, referida a la denuncia de una supuesta vulneración, por parte de España, del art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la persona de don Jordi Sánchez i Picanyol, por no concederle el permiso de salida de prisión que solicitó para asistir a la sesión del Parlament de Catalunya en la que pretendía defender su candidatura a la presidencia de la Generalitat, incluye un apartado denominado “Interim Measure”, traducible al español por medida provisional, no cautelar, como se refiere a ella el Comunicado del CICAC.

No obstante, en esa comunicación el Comité no ha entrado a valorar en modo alguno el fondo del asunto, ni siquiera puede ser considerada como una admisión a trámite, es un simple recibí de mero trámite y registro, adoptada inaudita parte, en automática aplicación de lo dispuesto en el art. 92 del Reglamento del Comité, en la que simplemente se requiere al Estado para que adopte todas aquellas medidas necesarias para asegurar que el Sr. Sánchez pueda ejercer sus derechos políticos de acuerdo con el art. 25 del Pacto, recordando expresamente que: “Este requerimiento no implica que se haya llegado a una decisión sobre el fondo del asunto que se está considerando”.

Por tanto, deducir de tal resolución de mero trámite que el Comité ha reconocido la vulneración por España del referido art. 25 y que con ello “queda seriamente cuestionado el art. 23.1 de la Constitución Española”, atenta contra las más elementales reglas de la lógica y contra un mínimo rigor jurídico exigible de quienes ostentan la máxima representación de los abogados catalanes.

3) Atribuir a la magistratura la judicialización de la política, como lo hace el Comunicado del CICAC, por el mero hecho de que se sigan procesos penales contra determinados políticos que indiciariamente han cometido hechos delictivos muy graves y que se adopten contra ellos, de forma motivada, medidas cautelares como la prisión provisional, es tanto como defender una suerte de privilegio de impunidad para la clase política que resulta, a todas luces, trasnochado y claramente atentatorio contra el derecho fundamental a la igualdad que recoge el art. 14 de nuestra Constitución.

El político es un ciudadano más, y como tal, debe someterse a un procedimiento penal cuando un juez independiente y predeterminado por la Ley aprecia indicios racionales de criminalidad suficientes que revelen su participación en un hecho constitutivo de delito. Y si ese mismo juez estima, en resolución motivada, que concurren los requisitos y fines previstos en el art. 503 LECrim. para acordar la prisión provisional contra el político, así lo deberá acordar. Todo ello sin perjuicio del debido respeto al pleno ejercicio del derecho de defensa que lleve a cabo su abogado defensor.

4) Defender que “la medida de prisión acordada es inconveniente y desproporcionada” porque “no se dan los supuestos para aplicarla, máxime cuando los investigados han cumplido con los requerimientos judiciales de los que han sido objeto en el curso del procedimiento”, especialmente “en el caso de los cinco últimos sometidos a prisión, respecto de quienes nada ha cambiado desde las anteriores decisiones que les dejaban en libertad, como tampoco se ha individualizado ningún argumento que permita privarles de tan fundamental derecho” o entrar a valorar la no concurrencia de los requisitos típicos del delito de rebelión, además de constituir argumentos discutidos por otra buena parte de la doctrina jurídica cualificada e independiente, es función propia de los compañeros abogados que ejercen la defensa de los investigados, a quienes desde estas líneas mostramos nuestro pleno respeto y apoyo en el ejercicio de tan relevante derecho fundamental, pero en modo alguno estimamos que les corresponda hacerlo a los decanos de los colegios de abogados catalanes ni al CICAC que les agrupa, so pena de incurrir, además de en el referido abuso de funciones, en una clara desigualdad de trato con el resto de presos preventivos que pueblan las prisiones españolas y con sus respectivos abogados defensores, quienes, a buen seguro, también tendrán razones más que fundadas para impugnar la prisión provisional de sus defendidos, pero lo hacen dentro de los cauces legalmente establecidos sin demandar de los colegios de abogados un apoyo expreso a sus pretensiones.

Por último, solo nos queda mostrar nuestro máximo respeto a la labor que vienen desempeñando a diario todos los jueces y tribunales de nuestro país, en el ejercicio de la alta función jurisdiccional que les encomienda en exclusiva el art. 117 de nuestra Constitución Española, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, pues la llevan a cabo en defensa y garantía de los derechos fundamentales de todos.

En especial, a raíz de los últimos acontecimientos, queremos mostrar nuestro más sincero apoyo a todos aquellos jueces que, por razón de su actuación en los procedimientos relacionados con el denominado “procés”, están siendo objeto, ellos y sus familias, de ataques injustificados por parte de personas o grupos que, lejos de defender legítimamente sus ideas por los amplios cauces que nuestro ordenamiento jurídico les otorga, acuden a las vías de hecho con total desprecio de los derechos fundamentales del resto de sus conciudadanos.

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