El próximo 28 de junio, jueces y fiscales han convocado una concentración y han anunciado huelga para los días 1, 2 y 3 de julio. Como respuesta a las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno que afectan gravemente a la independencia del Poder Judicial y al equilibrio de poderes que garantiza nuestra democracia constitucional.
Desde Aixeca’t-Levántate, Asociación de Juristas Constitucionalistas, manifestamos nuestro pleno apoyo a esta convocatoria que no responde a intereses corporativos, sino a la defensa de principios fundamentales: la separación de poderes, la igualdad ante la ley y el respeto al Estado de Derecho. El proyecto legislativo, conocido popularmente como “Ley Bolaños”, plantea la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Lejos de reforzar la independencia judicial o mejorar su funcionamiento, acentúa el control político sobre la justicia y debilita sus garantías institucionales.
Entre las medidas más graves se encuentra la intención de que el Ministerio Fiscal, órgano jerárquico y dependiente del Ejecutivo, asuma la fase de instrucción de los procedimientos penales. Ello, en un contexto en que el propio Presidente del Gobierno ha reconocido públicamente que el Fiscal General del Estado depende del Gobierno, agrava los riesgos de arbitrariedad y utilización política de la justicia.
A esto se suma la rebaja de los requisitos de acceso a la carrera judicial, introduciendo criterios subjetivos que merman la objetividad y meritocracia, y el debilitamiento de los órganos internos de contrapeso, tanto en la Judicatura como en la Fiscalía. Todo ello en un momento en que se pretende también restringir la acción popular, clave en la persecución de numerosos casos de corrupción.
Advertimos que esta reforma no responde ni a una demanda de la sociedad ni a exigencias de la Unión Europea. Se trata simplemente de un intento de colonización política del sistema judicial, favoreciendo nombramientos ad hoc, condenas pactadas y justicia selectiva según la identidad del acusado.
Por ello, proponemos como elementos esenciales de una verdadera reforma democrática:
1. La restauración del modelo constitucional del art. 122 Ce: 12 de los 20 vocales del CGPJ. deben ser elegidos entre jueces y magistrados y no designados por los partidos políticos.
2. La desjerarquización del Ministerio Fiscal con el nombramiento del Fiscal General del Estado por el CGPJ y no por el Gobierno.
3. La revisión del sistema de nombramientos del Tribunal Constitucional para evitar injerencias partidistas y garantizar su independencia efectiva.
4. La justicia no puede ser un instrumento al servicio del poder. Mientras quede un solo juez o fiscal independiente, aún habrá esperanza de que la legalidad prevalezca sobre la corrupción y el abuso. Pero si se consuma esta reforma, será la ciudadanía entera la que pierda la garantía de una justicia imparcial y libre.
5. Por ello, Aixeca’t-Levántate llama a todos los operadores jurídicos y a la sociedad civil a sumarse y respaldar estas movilizaciones, que no buscan proteger a unos pocos, sino salvaguardar la democracia para todos.
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