La Asociación por la Tolerencia se dirige a Yolanda Díaz, Vicepresidente del gobierno y Ministro de Trabajo, tras su reciente propuesta de multar a los agentes de la Guardia Civil destinados en Baleares que no emplean el catalán en su relación directa con los ciudadanos que a ellos se dirigen en la citada lengua.
Una vez más asistimos al desconcierto normativo, propio de España y único en el mundo, que antepone la capacitación idiomática a la profesional, pues el requisito, que no mérito, del dominio de las lenguas cooficiales para el desempeño de importantes tareas (cirugía, enfermería, docencia, tocar el trombón en una banda musical, desinsectación de jardines públicos, etc) es habitual en aquellas regiones que disponen de una lengua distinta a la española.
Cabe decir que, por la misma regla de tres, los agentes de dicho instituto habrían de hacer lo propio en Cataluña (si alguno queda), Galicia, Navarra, País Vasco y acaso Asturias, toda vez que el bable opta en estas fechas al reconocimiento oficial, y sin olvidar, por descontado, el silbo gomero, lenguaje tonal gravemente amenazado por falta de hablantes (silbantes), patrimonio inmaterial de primer orden, y siempre, claro es, que existan acuartelamientos de la Benemérita en la isla.
No se entendería que la exigencia a los agentes de la Guardia Civil de un dominio suficiente de la lengua catalana no se hiciera extensivo a otros servidores públicos, empezando por los compañeros de la señora Díaz en el Consejo de Ministros. De tal suerte que, hasta el momento en que todos ellos acreditaran su aptitud en la materia, podrían recurrir en sus muy doctas deliberaciones a los provechosos servicios de traductores y pinganillos de uso común en el Congreso de los diputados y en el Senado.
Finalmente, habría que reprochar a Yolanda Díaz, lejos de discutirle las cualidades que adornan la lengua catalana (pues dicha lengua, como es sabido, facilita al individuo una cosmovisión armónica y ponderada, le alinea con las órbitas planetarias y, en definitiva, le convierte en un individuo mejor, moralmente superior a la mayoría de la humana estirpe), que no animara en su día a su asesor personal, Ramón Santaelices, a desenvolverse en catalán.
El interfecto fue detenido y condenado por compartir contenidos pederastas desde un ordenador de la formación política, si bien su jefa, Yolanda Díaz, avisada del caso, encubrió al criminal por espacio de siete años. Nadie ignora que la lengua catalana, y algunos reverendos monjes de la abadía de Montserrat pueden aportar su esclarecedor testimonio, transmuta, cual piedra filosofal de la poliglotía, el monstruoso y abyecto crimen de la pederastia en aquella “paidofilia” de la antigüedad clásica que hace del adulto, amoroso y dulce tutor, guía espiritual y bienintencionado transmisor de conocimientos.
JAVIER TOLEDANO VENTOSA en nombre de la Junta de la Asociación por la Tolerancia. Barcelona, a 23 de mayo de 2025
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