Carlos H. Quero (VOX): “Décadas de decadencia han transformado un país de propietarios en un país de precarios sin casa”

Carlos Hernández Quero es el portavoz adjunto de VOX en el Congreso y su estandarte a la hora de defender la política de vivienda de la formación. Ha irrumpido con fuerza en la política nacional con sus contactos con vecinos de barrios populares de las ciudades para explicarles la política social de su partido.

Sergio Fidalgo: Vamos a empezar por un tema de actualidad. Si te toca un décimo del «Gordo» de la lotería este 22 de diciembre, ya no te puedes comprar ni siquiera un piso en las grandes ciudades. ¿Qué está pasando en España para que el premio mayor, que antes servía para resolverte la vida, ya no permita ni comprar una vivienda?

Carlos H. Quero: Lo que ha sucedido es que los precios de la vivienda se han alejado por completo del poder adquisitivo, de los salarios y de la capacidad de ahorro de la gente. Antes, tener un boleto premiado te catapultaba a un estilo de vida distinto; ahora, como mucho, te ayuda a salir del pozo en el que cada vez hay más personas.

Y digo cada vez más porque el problema ya no afecta solo a los más vulnerables, sino a la clase media pura y dura. Lo que caracterizaba a la clase media era poder acceder a una vivienda en propiedad, y ahora vemos que ni con el apoyo extra de la lotería es posible. Los precios están emancipados de la realidad económica. Lo vemos en la compra y en el alquiler. En los últimos diez años, hay códigos postales donde los precios se han doblado o triplicado. Hoy, el precio medio de un piso compartido es el mismo que hace una década costaba un piso completo.

Mientras tanto, los salarios reales llevan treinta años congelados, el coste de la cesta de la compra se ha duplicado y la presión fiscal es altísima. Se está produciendo un empobrecimiento colectivo que elimina el principal motor del ascenso social en España: tener una casa propia para ahorrar, emprender y dar una educación a los hijos. Ese modelo de «trabajo, casa y coche», que fue exitoso durante décadas para sacar a mucha gente de la miseria, está desapareciendo. Hoy, el hijo del médico o del arquitecto vive en un piso compartido, y no hay marketing político que le quite eso de la cabeza a un español.

Sergio Fidalgo: Desde tu experiencia, ¿cuáles son las tres causas principales que impiden a los jóvenes independizarse, más allá de los bajos salarios?

Carlos H. Quero: Hemos mezclado ingredientes nefastos. Primero, llevamos más de veinte años siendo campeones europeos en paro juvenil. Es difícil emanciparse sin trabajo. Pero es que los que sí trabajan lo hacen en condiciones de tal precariedad, enlazando contratos o becas hasta los treinta y tantos, que es imposible estabilizar una vida. Para muchos, la disyuntiva es: paro, precariedad o exilio.

Si nos centramos puramente en la vivienda, el problema es que no tenemos un parque inmobiliario dimensionado para la población actual. Tenemos casi el mismo número de viviendas que hace veinte años, pero la población ha crecido mucho porque se ha considerado que las fronteras ya no operaban. Al haber más gente buscando casa con el mismo stock, los precios suben.

Además, se ha legislado tan mal sobre el alquiler que se ha generado una enorme inseguridad jurídica. Muchos propietarios prefieren sacar sus viviendas del mercado residencial de larga duración para pasarlas al alquiler turístico, de temporada o, directamente, dejarlas vacías por miedo a la «inquiocupación» o a los controles de precios. En Cataluña, por ejemplo, los controles de precios han tenido un efecto nocivo. En resumen: hay cada vez más gente, concentrada en menos sitios y con menos casas disponibles. Son «los juegos del hambre».

Sergio Fidalgo: Has mencionado Cataluña y con la creación de zonas tensionadas para regular los precios del alquiler. Parece que estas medidas han conseguido el efecto contrario: ni han estabilizado precios ni han aumentado la oferta. ¿Cómo propone VOX contrarrestar estas recetas del PSOE y el separatismo?

Carlos H. Quero: Lo primero es ser honestos: el problema es de tal magnitud que no se soluciona pulsando un botón mágico de la noche a la mañana. Sin embargo, tenemos evidencia empírica de qué es lo que no funciona. Y lo que no funciona son los controles de precios. No han funcionado con la vivienda ni han funcionado nunca con ningún otro producto en la historia. Lo que no funciona debe desecharse, y lo que sí funciona debe adaptarse a los nuevos contextos.

No han funcionado nunca porque provocan una reducción drástica de la oferta. Lo que realmente busca cualquier inquilino potencial —ya sea un joven que quiere emanciparse o alguien que necesita mudarse de ciudad— es una oferta abundante. Quieren entrar en los portales inmobiliarios y tener opciones para elegir, no verse abocados a compartir piso con desconocidos o aceptar condiciones en las que no estarán a gusto.

Históricamente, los controles de precios reducen la oferta. Además, generan un efecto perverso: si el tope se fija en 10, los pisos que antes costaban 6 suben automáticamente hacia ese límite porque el propietario teme no poder actualizar la renta después. Por otro lado, los pisos que ya valían 10 salen del mercado residencial y se pasan al alquiler de temporada, que en ciudades como Barcelona ya representa la mitad de la oferta. Esto es nefasto para las familias, que lo que necesitan es estabilidad y poder proyectar su futuro a largo plazo.

Esta situación de «castings inmobiliarios», donde hay colas para ver un piso y el propietario elige al perfil más solvente (normalmente funcionarios), deja fuera a los más vulnerables. Aquellos que los políticos dicen querer proteger —jóvenes con contratos precarios, pensionistas, familias con dependientes o divorciados— se vuelven «inalquilables». Al imponer leyes que impiden el desahucio en caso de impago, el propietario privado, que no tiene por qué ser el escudo social de nadie, extrema sus exigencias. La responsabilidad de la vivienda social debe recaer en las administraciones públicas, no en el particular. Es indecente que el Estado traslade su fracaso en política habitacional a los ciudadanos, creando una inseguridad jurídica que solo empeora el problema.

Sergio Fidalgo: De hecho, estamos volviendo a ver situaciones que parecían olvidadas, como las que retrataban películas españolas de los años cincuenta, como “El pisito”.

Carlos H. Quero: Exacto. Es memoria histórica de «toma y daca». Estamos regresando al subarriendo y al hacinamiento. En los años 50, los planes de urgencia social establecían un mínimo de seis piezas por vivienda por higiene y salubridad. Hoy, desde distintas administraciones, se promueven los «minipisos», soluciones en bajos comerciales o incluso cápsulas para dormir, vendiéndolo como «flexibilidad» para la emancipación juvenil. Es un retroceso inaceptable.

Esto sucede porque se ha fomentado una demanda ilimitada mientras la oferta se restringe. El mito del globalismo y de un mundo sin fronteras ha chocado con la realidad. El año pasado entraron en España 600.000 personas, pero solo se construyeron 90.000 viviendas. Los números no salen. No podemos ser la residencia ni el hospital del mundo cuando nuestros propios ciudadanos están en una situación de quebranto personal, sin poder salir de casa de sus padres hasta los 30 o 40 años.

Sergio Fidalgo: Hablas de construcción. ¿Qué propone VOX concretamente para fomentar que se construya más?

Carlos H. Quero: Nuestra propuesta se basa en construir con un «norte moral». No se trata de especular sin control ni de poner cemento en espacios protegidos. Proponemos liberar suelo y producir vivienda donde sea posible y lógico, recuperando el impulso que permitió a tantas personas acceder a una propiedad en la segunda mitad del siglo XX. Debemos eliminar las trabas burocráticas y la inseguridad jurídica que hoy paralizan al sector.

Para recuperar ese país de propietarios que está desapareciendo ante nuestros ojos, hay que construir. Y construir significa expandir las ciudades, hacer ciudad. Esta fue una política transversal en España; tanto al final del franquismo como en las décadas de los 70, 80 y 90, ayuntamientos y comunidades de todos los colores políticos pensaban en facilitar la vida a quienes venían del campo a la ciudad. Querían que esas personas tuvieran bases materiales dignas para poder emanciparse y ser libres.

La socialdemocracia de antes creía que tener una casa te hacía libre. Hoy parece que la izquierda prefiere ciudadanos dependientes: si no tienes nada, eres más fácil de controlar. Nosotros creemos que hay que construir a la altura de lo que falta. Esto implica liberar suelo, simplificar el urbanismo y evitar que la administración tarde años en conceder una licencia. A lo mejor también hay que ganar altura; no digo llenar todo de rascacielos, pero no tiene sentido limitar los edificios a cuatro plantas cuando el suelo es lo más caro y convendría repartir su coste entre más propietarios de pisos. Hay que ganar densidad para que los servicios públicos —centros de salud, guarderías, transporte— sean eficaces y para que florezca el pequeño negocio de barrio. La famosa «ciudad de los 15 minutos» ya existía en nuestros barrios de los años 50 a los 90, pero se ha ido liquidando, entre otras cosas, por una inmigración masiva que ha transformado la convivencia.

Sergio Fidalgo: Muchas parejas con empleo estable no pueden acceder a una hipoteca sin ayuda familiar. ¿Qué consecuencias sociales tiene?

Carlos H. Quero: Las consecuencias son dramáticas. Es evidente que si tienes una casa propia es más probable que te plantees tener hijos. No es lo mismo proyectar una familia en tu propia vivienda que estar negociando perpetuamente en un mercado de alquiler injusto, o compartiendo piso con desconocidos.

Además, la tranquilidad de tener un hogar garantizado es fundamental. El Gobierno sacó hace poco un anuncio de personas de 70 años compartiendo piso; esa parece ser su utopía: un desarraigo total donde nadie posea nada pero «tenga acceso» a todo. Lo que realmente hizo prosperar a la gente en muy poco tiempo fue la propiedad. Hoy, muchos jóvenes saben que solo serán dueños de una casa cuando mueran sus padres, y eso si la administración no les fríe a impuestos por la herencia.

El Estado se lleva uno de cada tres euros del precio de una vivienda de obra nueva. Se habla mucho de «fondos buitre», pero el verdadero buitre es el Estado, que recauda 52.000 millones de euros anuales a través de la vivienda (IBI, IVA, ITP, etc.) y luego solo dedica una fracción mínima a políticas habitacionales. Con ese dinero se podrían remodelar millones de fachadas o construir medio millón de viviendas protegidas al año. La «izquierda transformadora» solo nos ofrece un número de teléfono (el 047) para decir que no tenemos casa; la gente no quiere un PowerPoint, quiere realidades materiales.

Sergio Fidalgo: Has mencionado la vivienda protegida y la ocupación. ¿Cómo afecta este último fenómeno al mercado?

Carlos H. Quero: Es un disparate absoluto. El año pasado hubo más denuncias por ocupación que viviendas protegidas terminadas. La izquierda dice que la ocupación es un mito, pero resulta que el «mito» supera en número a su «gran solución». Además, las 16.000 denuncias oficiales son solo la punta del iceberg. Cualquier abogado te dirá que no denuncies porque el proceso judicial puede durar años; te recomiendan pagar al ocupante o contratar empresas de desocupación. La inseguridad jurídica que genera la «inquiocupación» y la protección al que incumple solo sirve para que los propietarios retiren sus pisos del mercado, subiendo aún más los precios para todos los demás.

Aunque solo fueran unos pocos casos, la izquierda no entiende la dimensión real del problema. La víctima de la ocupación no es solo el propietario que deja de percibir su renta y recibe su casa destrozada tras un proceso judicial tedioso. En España vivimos en pisos, no en casas aisladas en el campo. Si el piso de al lado es ocupado, tu vida cambia por completo.

Un piso ocupado no suele dedicarse a actividades pacíficas; a menudo hay ruidos, gente entrando y saliendo a deshoras, actividades ilícitas, violencia y degradación. Esto hunde el valor de todo el edificio y del barrio. Hay vecinos que quieren irse y no pueden, porque sus casas ya no valen nada. Pero la víctima principal es el potencial inquilino. En los países donde hay «mano dura» y los ocupas son desalojados en 24 o 48 horas, los propietarios ponen sus casas en alquiler con confianza. En España, al proteger al delincuente, el propietario sube los precios y endurece los requisitos para protegerse. Esto deja fuera a cientos de miles de personas con perfiles que la administración considera «vulnerables» y, por tanto, «inalojables» para un particular. La izquierda, al legislar para minorías delictivas, olvida a la gran mayoría social que busca un hogar digno.

Sergio Fidalgo: Para terminar, dos preguntas breves. La primera: ¿cómo resumirías en una frase por qué la clase media trabajadora siente que hoy vive peor que hace 20 años?

Carlos H. Quero: Diría que décadas de decadencia han transformado un país de propietarios en un país de precarios sin casa. Hemos pasado de ver grúas y barrios apacibles a ver solares vacíos y entornos irreconocibles donde uno se siente extraño. El bipartidismo de las últimas décadas ha demolido el modelo que funcionaba: se hizo mal la política fiscal, la política de fronteras abiertas y se apostó por disolver la potencia industrial de España. La crisis de la vivienda es el síntoma final que conecta todos estos problemas: salarios, natalidad y salud mental. Quien piense que esto empezó solo con Pedro Sánchez se equivoca; él ha sido la aceleración de una bola de nieve que el PSOE y el PP llevan amasando mucho tiempo.

Sergio Fidalgo: ¿Y qué mensaje de esperanza le darías a esa familia trabajadora que, cumpliendo la ley y ahorrando, ve imposible acceder a una vivienda?

Carlos H. Quero: El mayor mensaje de esperanza es que sigan confiando en ellos mismos. Los políticos que traían promesas mesiánicas son los que les han traído este «infierno» a la tierra. Nosotros creemos en las familias libres y autónomas. Para que una familia sea libre, la condición previa es dejar de estigmatizar la propiedad. La propiedad es el verdadero pasaporte de la libertad. Quien más la necesita no es el que ya tiene mucho, sino el que no tiene nada. El mayor acto de justicia social es permitir que un joven de barrio pueda ser dueño de su propia casa.

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