El pasado jueves Ana Losada, presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, José Domingo y Rafael Arenas, presidente y vicepresidente respectivamente de Impulso Ciudadano, se reunieron con la consejera de Educación y Formación Profesional del gobierno de la Generalitat de Cataluña, Esther Niubó y con Josefina Beltrán, secretaria de Mejora Educativa del departamento de Educación.
Los representantes de las entidades constitucionalistas trasladaron a la consejera de Educación su queja por el incumplimiento de algunas de las sentencias que reconocen a varias familias el derecho a que sus hijos tengan una educación bilingüe en catalán y en castellano; así como otros incumplimientos reiterados de la obligación de facilitar información en castellano por parte de los centros educativos y las presiones a las familias que han reclamado su derecho a que el castellano fuera lengua vehicular para sus hijos.
En esta línea, Losada, Domingo y Arenas preguntaron por las razones que explicaban que el Departamento de Educación siguiera negando las solicitudes de enseñanza bilingüe a las familias que lo solicitaban y que se recurrieran las decisiones judiciales que reconocían ese derecho. Dichas entidades defendieron que «las políticas de promoción del conocimiento del catalán no pueden convertirse en herramientas de imposición de la lengua, debiendo ponerse fin a las limitaciones para la utilización del castellano como lengua de trabajo en los centros educativos y las comunicaciones de los miembros de la comunidad educativa».
E insistieron ante las autoridades del departamento en que los proyectos lingüísticos de los centros no se encuentran adaptados a la realidad sociolingüística del entorno, pues son todos iguales con independencia de las diferencias existentes en ese entorno y, a la vez, se recordó que en ningún caso han de vulnerarse los derechos lingüísticos de los alumnos y las familias, que incluyen la comunicación con el centro en la lengua oficial que se prefiera y que el castellano sea no solamente lengua que se enseñe, sino también lengua en la que se enseñe.
El encuentro también sirvió para pedir que, ante el evidente deterioro de los resultados educativos en Cataluña, se realizaran estudios rigurosos que incluyeran la incidencia del factor lengua en tales resultados. Se recordó que en Cataluña ni siquiera los alumnos con necesidades educativas especiales reciben atención en su lengua materna y oficial, cuando ésta es el castellano y que no existen centros que impartan el bachillerato internacional y que incluyan el español entre las lenguas que se utilizan en esa formación.
Finalmente, se pidió a la consejera que valorara el informe emitido por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en relación con la inmersión lingüística obligatoria en catalán que se practica en Cataluña y que ha sido cuestionada desde la Unión Europea. El encuentro, el primero que mantienen las entidades AEB e Impulso Ciudadano con un consejero de educación de la Generalitat permitió constatar la distancia que aún existe entre la política lingüística que practica la Generalitat y el respeto a los derechos lingüísticos de los alumnos y de sus familias, la consecución de una educación de calidad y que tenga por objetivo la mejor formación de los alumnos y no la persecución de los objetivos políticos de los nacionalistas.
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