Treinta años de gestión socialista y el problema del acceso a la vivienda en España no hace más que agravarse. A pesar de haber controlado el Gobierno central durante tres décadas y de mantener un amplio poder en comunidades y ayuntamientos, el PSOE ha renunciado sistemáticamente a levantar un parque público de alquiler digno de ese nombre. La alianza de Pedro Sánchez con los populismos de Podemos y Sumar solo ha servido para empeorar el escenario, cambiando las soluciones reales por una retórica inflamada contra el mercado libre.
La inacción de la izquierda contrasta con su discurso agresivo contra la iniciativa privada. Mientras señalaban a los inversores y al turismo como los únicos culpables de la escasez, los ejecutivos socialistas declinaron construir una alternativa pública sólida cuando tuvieron los recursos y el tiempo para hacerlo. En lugar de ejecutar una planificación a largo plazo que garantizara pisos a precios asequibles, las administraciones prefirieron cruzarse de brazos y fiarlo todo a la intervención legislativa.
El resultado de esta estrategia ha sido ahuyentar a los pequeños propietarios y sembrar una profunda inseguridad jurídica. La imposición de trabas administrativas, sumada a una fiscalidad asfixiante sobre el suelo y la edificación, ha paralizado la oferta disponible. Al penalizar al arrendador y obstaculizar el desarrollo de nuevas promociones, el Gobierno ha conseguido reducir el stock inmobiliario y encarecer los precios para las familias y los jóvenes que buscan independizarse.
Muchos ayuntamientos han encontrado en el encarecimiento de la vivienda y la especulación una vía rápida para engordar sus arcas públicas mediante impuestos. La izquierda ha sofocado a la iniciativa privada con peajes burocráticos sin ofrecer, a cambio, un parque social suficiente para responder a la demanda real. España paga hoy las consecuencias de treinta años de eslóganes huecos, donde la falta de modelo y el rechazo al sector privado han dejado el mercado residencial al borde del colapso.
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