El Tribunal de Cuentas ha decidido comenzar una investigación de las cuentas de la red ‘diplomática’ del gobierno autonómico catalán para comprobar cuál fue el destino de los recursos que se asignaron a la llamada ‘política de acción exterior’ de la Generalitat entre los ejercicios contables 2011-2017, de la que ha sido responsable durante la última legislatura el ex consejero Raül Romeva.
Esta decisión ha sido tomada por el pleno de dicho tribunal, y para ello ha pedido información de diversas entidades, como la conocida como Diplocat, un ente público-privado al servicio de la Generalitat para el impulso del proceso secesionista en la esfera internacional y que fue cerrado tras la aplicación del artículo 155.
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