Los grupos parlamentarios de VOX, CS y PP han solicitado la creación de una comisión de investigación para aclarar los motivos por los cuales algunos mandos de la cúpula, que precisamente investigaban casos de corrupción separatista, fueron relevados en la última reorganización que llevó a cabo el Departamento de Interior en la policía de la Generalitat.
El objetivo de la comisión es poder determinar la realidad detrás de los cambios y relevos en la cúpula de los Mossos d’Esquadra que afectan a hasta 31 miembros de la cúpula de mando, en los que se evidencia una clara intención política de controlar el cuerpo de policía de la Generalitat de Catalunya, creando una policía «a medida» del Govern, especialmente en lo que atañe a investigaciones de corrupción a miembros del mismo, todo ello con la intención de determinar los hechos ocurridos e identificar las personas que habrían estado involucradas.
Los grupos solicitantes consideran que no hay justificación convincente sobre los cambios producidos, especialmente en casos como el relevo del intendente de los Mossos Antoni Rodríguez, quien investigaba el presunto fraccionamiento de contratos públicos por parte de la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, cuando dirigió la Institución de les Letras Catalanas, así como también el caso del exconsejero de Interior, Miquel Buch, imputado por facilitar supuestamente un escolta con dinero público a Carles Puigdemont fugado en Bruselas.
Los grupos piden también que se investigue a fondo las presuntas injerencias del que fuera comisario jefe de los Mossos de Esquadra, Eduard Sallent, en el ejercicio de su cargo, en relación con las investigaciones sobre el exconsejero de Interior Miquel Buch y el sargento Lluís Escola por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.
También, destacan entre los motivos para impulsar la investigación que, en la instrucción judicial del proceso por la presunta adjudicación irregular de los trabajos para la Institución de las Letras Catalanas, ante la desconfianza a raíz de las filtraciones que torpedeaban la investigación de la señora Laura Borràs, la jueza instructora encomendara de manera excepcional y en ese caso concreto la tarea de policía judicial a la Guardia Civil, quitando al CME de su función de policía judicial.
De demostrarse estos hechos, los grupos consideran que se podría haber incurrido en conductas presuntamente delictivas y corruptas que suponen una violación de los derechos de los ciudadanos, como es que las autoridades actúen conforme a la Ley y que la Justicia. Para ello, se propone un plan de trabajo para analizar posibles influencias indebidas, irregularidades y abuso de poder en el que habrían incurrido el Govern de la Generalitat y los altos cargos del Departamento.
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