La Universidad de Barcelona ha recibido este viernes un varapalo judicial a consecuencia de haberse posicionado -el 21 de octubre de 2019- en contra de las sentencias judiciales por el intento de Golpe de Estado en Cataluña de 2017.
El posicionamiento mostrado por la UB en aquel momento queda anulado por el Supremo de forma definitiva porque el tribunal defiende que las universidades públicas forman parte de la administración estatal y el claustro universitario es órgano de gobierno representativo «de una comunidad universitaria plural» y, en consecuencia, «no puede adoptar acuerdos que se tengan como voluntad de la Universidad y que se refieran a cuestiones de naturaleza política o ideológica, propias del debate social y político, ajenas al objeto y funciones de la Universidad y que dividen la ciudadanía».
Según la resolución del Supremo, con su manifiesto la UB habría afectado en «derechos y libertades fundamentales de terceros para identificar a toda la comunidad universitaria como un postulado político o ideológico». Así pues, dice el tribunal, «el efecto es que se vulnera la libertad ideológica de los integrados de esta comunidad universitaria«.
El proceso judicial fue impulsado por los profesores Ricardo García Manrique, José Andrés Rozas Valdés, Rafael Martínez Martínez, Chantal Moll de Alba y Daniel Cabrera Tolosana. Desde Universitaris per la Convivència han valorado de forma muy positiva la sentencia del Tribunal Supremo.
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