Societat Civil Catalana, asociación cívica y cultural, se ha personado como acusación popular en la causa contra Tsunami Democràtic que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
Tsunami Democràtic estuvo detrás de las movilizaciones ciudadanas causantes de graves disturbios en Cataluña en 2019 tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del proceso secesionista. Unos hechos que, según los servicios jurídicos de SCC, “podrían ser perfectamente calificables como actos de terrorismo”.
Societat Civil Catalana asegura que «está legitimada para personarse en la causa como acusación popular ya que, como consta en sus Estatutos, uno de los fines de la asociación es defender los intereses de sus asociados frente a todos aquellos actos de las administraciones, de las entidades públicas o privadas, o de los particulares que vulneren, limiten o pongan en peligro el ejercicio de los derechos que, como ciudadanos, les reconoce el ordenamiento jurídico. Para conseguir estos objetivos, la entidad “ejercitará, formulará e interpondrá cualquier tipo de acción, reclamación, recurso o demanda que se considere pertinente ante los órganos judiciales y la Administraciones e Instituciones, tanto públicas como privadas (…)”.
Aunque Tsunami Democràtic carecía de portavoces visibles posiblemente para evitar responder ante la Justicia, a raíz de un reciente informe de la Guardia Civil el magistrado instructor ha considerado acreditado que el prófugo Carles Puigdemont desempeñó un papel de liderazgo, junto con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas, a quienes atribuye un posible delito de “terrorismo”.
Manuel García Castellón ve indicios suficientes para sostener que Tsunami Democràtic fue una organización estructurada y jerarquizada cuyo objetivo final era “era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”. En un auto reciente, el magistrado instructor hace referencia a los disturbios en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que supusieron “una alteración grave de la paz pública».
A Tsunami Democràtic se le atribuye el bloqueo de infraestructuras críticas del Estado como el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, el intento de bloqueo de la torre de control ENAIRE de Barcelona-Gavà y el conato de bloqueo del Aeropuerto de Madrid. También estuvo detrás de la huelga general del 18 de octubre de 2019 y de la tentativa de influir en el resultado de las elecciones generales de noviembre de ese mismo año.
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