Sobre la eliminación del delito de sedición

COMUNICADO SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL DELITO DE SEDICIÓN

Barcelona, 11 de noviembre de 2022

Ante la reforma del Código Penal anunciada por el presidente del Gobierno de España, que eliminará del ordenamiento jurídico español el delito de sedición para sustituirlo por el de “desórdenes públicos agravados” (con penas máximas de cinco años), la Junta Directiva de Societat Civil Catalana, plataforma ciudadana transversal y de carácter estrictamente civil, manifiesta lo siguiente:

• La decisión adoptada por el Gobierno de la Nación es de una gravedad histórica extraordinaria puesto que erosiona la fortaleza y la capacidad del Estado para hacer frente a futuros intentos de subversión del orden constitucional por parte del nacionalismo. Cuando el separatismo plantee un nuevo desafío -que lo hará- encontrará más débil al Estado ya que carecerá de algunas de las principales herramientas para defender su integridad.

• El Gobierno de España ha entregado una victoria rotunda a las autoridades nacionalistas, negociando los derechos fundamentales de todos los catalanes a cambio de los intereses de una parte representada por los condenados y los prófugos de la Justicia. No todo vale para mantenerse en el poder y una vez más, y de manera especialmente dañina, se ha impuesto la necesidad partidista y la geometría parlamentaria a la política de Estado.

• La “desjudicialización” exigida por el régimen nacionalista para negociar los Presupuestos con los partidos parlamentarios que sostienen al Gobierno no es sino un eufemismo de “no justicia” y de impunidad para que las autoridades catalanas puedan hacer y deshacer a conveniencia y al margen de la Ley y de las sentencias judiciales.

• El Gobierno modifica por la puerta de atrás y con los mínimos controles una parte sustancial de nuestro ordenamiento jurídico, facilitando de esa manera el regreso a la actividad pública de personas condenadas que rompieron la convivencia entre los ciudadanos y arrastraron a Cataluña a la decadencia económica y social.

• Lejos de velar por los derechos y las libertades de los ciudadanos, como es su obligación, el Ejecutivo español deja desamparados a todos los catalanes y al resto de los españoles y legitima a un régimen excluyente y populista que ni respeta la Ley ni se somete a las reglas del Estado de Derecho Democrático, vulnerando los derechos y las libertades constitucionales de los catalanes que no comparten su ideología.

• Esta estéril estrategia de apaciguamiento no sólo no cierra heridas ni permite avanzar hacia el entendimiento y la concordia entre todos los catalanes, sino que constituye una humillación y una burla para los catalanes constitucionalistas que durante años hemos luchado por una Cataluña con unos estándares de calidad democrática equiparables a los de cualquier democracia europea. Quien fuera ministro de Asuntos Gubernamentales de Canadá, Stéphane Dion, ya alertó, en relación con el separatismo quebequés, que la estrategia de contentamiento es un grave error y no funciona porque el nacionalismo es insaciable; hecho que también se ha puesto de manifiesto en Cataluña durante los últimos cuarenta años.

La Junta Directiva de Societat Civil Catalana

(Foto de archivo de Pedro Sanchez)

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