Ya veremos como acaba el periplo judicial tras la restitución provisional del 14-F como fecha de las próximas elecciones autonómicas por parte del TSJC, dándole un primer varapalo a los partidos en el Govern, tan acostumbrados a pasarse la ley por el forro de sus caprichos. ERC y JxCAT están tan habituados a hacer las cosas de cualquier manera, saltándose la ley, que van de chapuza en chapuza.
Lo que sí queda claro es que si en la Cataluña de Aragonès y Budó se puede cortar la avenida Meridiana durante más de trescientos días, también se puede ir a votar. Si en la Cataluña de Junqueras y Puigdemont se pueden celebrar manifestaciones y concentraciones por los que llaman “presos políticos”, también se puede ir a votar. Si hay covid para aplazar las elecciones, también lo debería haber para todos los episodios de agitación secesionista que cada día se producen alrededor de esta comunidad autónoma.
No puede ser que en Cataluña la arbitrariedad sea la norma, y el abuso de poder la costumbre. No puede ser que llevemos cerca de un año con un Govern prácticamente en funciones simplemente porque a Puigdemont le iba bien electoralmente que Torra apurara los plazos de su inhabilitación. Y que luego no se haya facilitado la investidura de un presidente, y tengamos a un vicepresidente en funciones de presidente. Y que luego se firme un decreto que no es una suspensión temporal, sino el poner la fecha a voluntad de la Generalitat, que podía modificar de nuevo la fecha si consideraba que las circunstancias le convenían.
El problema no es votar el 14 de febrero o el 30 de mayo, y si una fecha beneficia a unos partidos, y la otra a los otros. La cuestión es que en Cataluña la falta de respeto al cumplimiento de las leyes democráticas se ha convertido en la forma habitual de funcionar por parte de unas instituciones que deben su legitimidad, y por lo tanto su capacidad de hacer que los ciudadanos las obedezcamos, a una legalidad que se empeñan en violar. (Sergio Fidalgo es director de elCatalán.es)
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