El presidente de la Generalitat ha exigido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que aparte al magistrado que ha investigado a Torra por no retirar durante la campaña electoral los lazos amarillos y las pancartas a favor de los presos.
Gonzalo Boye, abogado de Torra, en su escrito de recusación argumenta que el juez instructor Carlos Ramos debe ser apartado del caso por «haber quedado acreditado que le mueve un especial interés» en que el presidente autonómico catalán «sea sentado en el banquillo de los acusados», por encima «de su obligado interés de impartir Justicia».
El abogado asegura que Ramos ha tenido un «claro ánimo de criminalizar» a Quim Torra y ha actuado movido por su «patente interés» en que el procedimiento desemboque en un juicio.
Y le acusa de «retorcer el derecho» para que los hechos investigados encajen en un delito de desobediencia o de denegación de auxilio.
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