Las fuerzas políticas que han apoyado las sucesivas subidas de impuestos que se han producido en Cataluña en ejercicio de su legítima capacidad normativa establecida por la LOFCA han justificado siempre esta mayor exigencia a la ciudadanía en base al objetivo de incrementar y mejorar el gasto social. Este motivo ha amparado las diferentes subidas de la tarifa autonómica del IRPF.
También ha servido para fundamentar la reducción del mínimo exento y las subidas de la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio y las dos últimas reformas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Los tipos del ITP y AJD son los más altos de toda España. A título de ejemplo, la alteración de la tarifa autonómica ha permitido a la Generalitat contar con 1.518 millones de euros adicionales de ingresos de 2019 a 2022 por decisión exclusivamente catalana.
Sin embargo, el repaso de los datos reales sobre evolución de los gastos sociales efectuados por la Generalitat de Catalunya (sanidad, educación y servicios sociales) sorprenden por la reducción del volumen de este tipo de gasto en los Presupuestos de la Generalitat. Así, según el último informe publicado sobre la “Inversión social por Comunidades Autónomas (sanidad, educación y servicios sociales)” editado por la Asociación Estatal de Directoras y gerentes de servicios sociales, en 2021 Cataluña tiene el porcentaje más bajo de gasto público destinado a servicios sociales con el 48,90% y el único que supone menos de la mitad del gasto público autonómico.
La media estatal es de casi diez puntos más con 58,10%. Destacan los porcentajes de Murcia y Castilla y León del 67,8% y del 67,26%, respectivamente (más de dos tercios del gasto público autonómico). En 2021 estas Comunidades Autónomas eran gobernadas por el PP con el apoyo parlamentario de VOX y, además, las tarifas autonómicas del IRPF eran inferiores a la establecida por el Estado y, por supuesto, a la aprobada en Catalunya.
Dada este porcentaje, el gasto social catalán por habitante asciende a 2.423,46 euros (el penúltimo del ránking autonómico) mientras que la media estatal es de 2.774,82 euros. El gasto público en sanidad catalán ha bajado en 969 millones de euros de 2019 a 2021. La mayor rebaja en términos absolutos de gasto catalán sanitario. La menor financiación ha generado que el gasto sanitario por habitante sea de 1.246,20 euros (también el penúltimo del ránking autonómico) mientras que la media estatal es de 1.478,91 euros.
La pregunta que ha de surgir entre la ciudadanía es obvia: si se nos exigen más sacrificios económicos ¿cuál es el destino de los resultados de las mayores contribuciones de la población? ¿en qué se gasto el dinero público la Generalitat de Catalunya? Parece que no se destina a los gastos sociales para los que nos han requerido mayores impuestos.
José María Tovillas Morán. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona
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