La imposición del catalán no es un problema que únicamente afecte a Cataluña, basta con leer lo que dice un consejero general de Andorra para darse cuenta de las intenciones que algunos tienen en el pequeño país del principado andorrano con el castellano. El grado de inquina hacía la lengua común de los españoles es ciertamente relevante.
Cerni Escalé, uno de los fundadores de Concordia, principal partido de la oposición, ha dejado claro algunos de los puntos de la nueva ley lingüística que han impulsado en Andorra. Hace que la renovación de los permisos de residencia se vincule al conocimiento de la lengua. En el ámbito del comercio, hace que el dependiente esté obligado a hablarte en catalán, y, de lo contrario, el cliente puede denunciar. Las sanciones, que recaen en el dueño del local (no en el trabajador) pueden llegar a 60.000 euros.
En el punto de mira de esa nueva ley también estarán los youtubers, a los cuales se les exigirá que hagan sus contenidos en catalán, en caso de no cumplir con esa exigencia, deberán abandonar el país. La reflexión final de Cerni Escalé es muy clara y dejar poco lugar a la duda. «Si una persona no tiene la voluntad de aprender catalán, se tendrá que ir del país«.
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