Veinte días de extrema ignominia ante tanta corrupción y ni una dimisión, ni la del presidente del Gobierno, absolutamente justificada, ni la de la presidenta del Congreso, ni la de ministros señalados, ni de nadie. El asunto es enormemente delicado, dado que, en cualquier país democrático europeo sólo por la primera noticia aparecida, o bien el presidente del Gobierno, desmiente públicamente la acusación ipso facto, o bien ha de querellarse ante una grave acusación pública, contra el medio que lo anuncia.
Al no haberse hecho, evidentemente, se asume tal acusación, en la que no se quiere ni entrar durante veinte días, y multiplicado todo ello por el rio de reconfirmaciones de tal acusación, y la cascada de ramificaciones y ratificaciones de todo ello.
Es tan evidente la asunción de la corrupción, así como la decidida auto defensa en la mentira y en el alocado procedimiento de huida hacia adelante, que asusta una reacción de encastillamiento tan antidemocrática. No existe precedente en Europa y ello es extremadamente grave. Imposible de entender así mismo, que ante el descubrimiento de tanta trama corrupta el gobierno no solo calla, y no facilita información, sino que sabedor de todo ello lo encubre y aplica tácticas de manipulación para desviar lo que conscientemente esconde.
Mientras esto sucede, la ley de amnistía sigue su tramitación y avanza la demolición pactada con delincuentes criminales. Esto que se dice así, es algo de tal perversa gravedad, que el propio gobierno lo promueve en primera instancia y lo quiere hacer normal. Nunca una traición de esta naturaleza y un golpe al Estado de Derecho tan premeditado y elaborado paso a paso, imagino nadie que pudiera darse y ello dirigido por el presidente del Gobierno.
Una ley de amnistía que quiebra nuestra democracia tal cual, que promueve a los delincuentes y que crea una nueva concepción de la organización de un estado , basada en la sublimación de la inmoralidad, en la desaparición de los principios básicos de las relaciones humanas y en la elevación a norma ejemplar la compra de un sillón gubernamental a criminales ensangrentados y prófugos de la justicia. Ello sustenta el nuevo código de comportamiento que ha de presidir un Gobierno, y los demás estamos trasnochados y somos fachosfera intratable.
Esta tremenda perversión ha de acabar y Europa y sus instituciones han de ponerle freno, pues va en ello la supervivencia de la mismísima democracia europea. Jamás una locura satánica como la que vivimos pudo llegar a aparecer y los deberes inmediatos que tenemos son poder contemplar en nuestra Constitución, cuando pueda ser, poner coto infranqueable a individuos sin escrúpulos y sin la más mínima ética de comportamiento.
Todos dábamos por hecho unas mínimas normas de comportamiento. Jamás la utilización de una Constitución y de las ventajas de la democracia para reconvertir todo ello en fachada indispensable para crear un nuevo sistema ajustado a la voluntad de un megalómano tan decidido al mal, ha logrado que nada ni nadie sea suficiente para corregir su desvío y su rumbo al abismo.
Por cierto, un presidente de Gobierno, que manda hace unos días a sus amigos a negociar en Suiza un referéndum y la fiscalidad de Cataluña, y eso tras la aprobación de la ley de amnistía, enalteciendo una vez más la mentira y utilización perversa del concepto de reconciliación. Un presidente de Gobierno que jamás diría en Bruselas, como ha hecho hace unos días, en sede oficial, al referirse a un delincuente perseguido por la justicia y a un forajido, que es candidato a nada. Un presidente de Gobierno que dice eso no merece serlo un minuto más.
No sabe discernir la realidad, o más bien ejerce la indignidad de modificarla diariamente, a cambio de siete votos de la infamia. Desde la sociedad civil, los españoles de a pie, de cualquier pensamiento, no vamos a permitir tal maquiavélica perversión.
Año y medio de manifestaciones y 141 días ininterrumpidos en Ferraz, ejemplo de tenacidad de defensa democrática única, suponen la protección de la base de los fundamentos de la democracia, del “We the people”, suponen el clamor unido en defensa del Estado de Derecho y de la democracia, sin antecedente alguno en las democracias europeas y por ello sus instituciones han de parar en seco, urgentemente y de manera extraordinaria, este atentado del Gobierno a los fundamentos más básicos y al corazón de la democracia en Europa.
Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda. Soria, 22 de marzo de 2024
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