Comprendo que, en ocasiones, resulta muy difícil para los políticos decir cosas que atraigan la atención de la ciudadanía, sobre todo cuando juegan en campo contrario. Eso es así, en especial, para los que militan en el campo constitucionalista.
Supongo que algo así le sucedió a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, al decir en una entrevista que le hicieron días atrás en Catalunya Radio, que se mostraba partidaria de aprobar un indulto para los políticos independentistas encausados por organizar el referéndum ilegalizado. “Si lo piden, yo soy partidaria de aprobarlo. Pero lo deben pedir primero”. Manifestó la delegada.
Es lo mismo que dijo Miquel Iceta en la campaña del 21 D, aunque después tuvo que matizar y explayarse en explicaciones diversas ante el desencanto que generó entre muchos de sus potenciales votantes. Hay quien sostiene que en ese envite el PSC perdió un par de escaños.
Seamos claros: la matraca de los lazos amarillos no es tanto por la libertad de lo presos como por mantener tensionada a la tropa. Es decir, si no hubiera presos buscarían el enfrentamiento por otros motivos. La cuestión es que nadie se relaje y la moral siga alta.
Ahora bien, admitiendo que los hechos ocurridos en Cataluña hace un año son muy graves: un pronunciamiento (6 y 7 de septiembre), la convocatoria de un referéndum ilegal (1 de octubre) y la declaración en sede parlamentaria de la república catalana (27 de octubre); el juez podría haber aplicado otras medidas cautelares tan efectivas como lo es la prisión preventiva. Y en el supuesto que, como hicieron otros, todos o alguno de ellos, hubiese decidido fugarse, no olvidemos que a enemigo que huye, puente de plata. Pero como dice la ministra de política Territorial, Maritxell Batet, “es muy difícil hacer política con políticos en la prisión”. De todos modos, las decisiones judiciales se acatan y se respetan, tanto si gustan como si no.
En cualquier caso, estamos asistiendo a un debate baladí, por prematuro e hipotético. La legalidad en este sentido es clara: primero se debe producir el juicio y debe salir una sentencia. Una vez haya concluido el proceso judicial el encausado podrá solicitar el indulto al Gobierno de turno.
Seamos prudentes. Dejemos que los tribunales hagan su trabajo y los políticos el suyo. Pese a las alharacas y las soflamas de algunos las cosas se están moviendo. Los hay que necesitan al personal tensionado de manera continua. Muchos han hecho del procés su modus vivendi y, por tanto, esta feria tiene que seguir cuanto más tiempo mejo. Volver a la normalidad del autonomismo para ellos serían un fracaso histórico.
Sin embargo, los signos de cansancio, fraccionamiento y desazón se empiezan a percibir entre el personal secesionista. Ya son muchos los que piensan que la única vía de salida es una solución pactada con el Estado.
En este contexto, la comisión bilateral que se reunió antes de vacaciones es un ejemplo. Los contactos discretos entre la ministra Meritxell Batet y Elsa Artadi son otro. La moción que el diputado Carles Campuzano del PDeCAT, había pactado con el PSOE y presentó, aunque acabó retirando por órdenes de la superioridad, hablaba de emprender un diálogo “sin impedimentos” pero “dentro del ordenamiento jurídico vigente”. Es otra muestra de como se están abriendo caminos que hasta ahora permanecían cerrados a cal y canto.
De todos modos, todo es posible. Ni se debe cantar victoria, ni certificar el acta de defunción del fin del diálogo. Lo más importante, en estos momentos, es tener mucha cautela, mucha inteligencia política y evitar que la euforia nos haga poner el carro delante de los bueyes.
Cada cosa a su tiempo.
Bernardo Fernández
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