Menos menas

La palabra mena es un acrónimo de «menor no acompañado» que hace referencia a aquellos menores extranjeros, mayoritariamente marroquíes, que residen en España, y que sus padres permanecen en su país de origen, quedando por lo tanto desamparados a nivel social y familiar. Como cuestión previa es preciso señalar que cuando se producen estas situaciones, el Estado a través de sus Departamentos autonómicos de ayuda a la infancia y la adolescencia, tienen el ineludible deber de proteger a este tipo de colectivos con riesgo de exclusión social, por su situación de vulnerabilidad derivada de su minoría de edad.

Al margen de ello son varios los tratados internacionales suscritos por España que obligan al poder público prestar este tipo de protección. Sin embargo esta cobertura estatal de tipo proteccionista no puede ser ilimitada, porque la llegada a nuestro país de un flujo constante e ilimitado de menas procedentes de Marruecos, con el desmesurado gasto para el erario público de unos 4.500 euros cada uno, como ha reflejado el diario El País y ha publicitado el partido VOX, nos obliga a valorar la conveniencia o de tener decenas de miles de menas a cargo del Estado, y pagados como es lógico con nuestros impuestos. El problema se acrecienta cuando un número considerable de estos menores se dedica a la delincuencia como medio de vida, sin manifestar ninguna voluntad de insertarse en el mundo laboral.

Recientemente, en una conversación privada con un juez de menores me manifestó que los Juzgados de Menores en comunicación con los Juzgados de Instrucción hacen un seguimiento sobre los antecedentes delictivos de los menores cuando alcanzan la mayoría de edad penal, para comprobar si continúan con su vida delictiva, y el juez me reconoció a su pesar, que salvo raras excepciones, casi todos los menas cuando alcanzaban la mayoría de edad siguen delinquiendo. Yo mismo, como abogado especializado en la jurisdicción de menores, debo de reconocer que desde hace ya unos años los menas están copando la gran mayoría de actuaciones judiciales contra menores por asuntos penales, y esta progresión me hace recordar la realidad de países como Alemania, Francia, Suecia o Inglaterra, en los que apenas hay imputados de origen nacional en sus respectivos Juzgados de Menores.

Debo de reconocer que cuando defiendo a los jóvenes marroquíes durante una audiencia previa o en una vista oral, me llama poderosamente la atención la frecuente actitud desafiante cuando son juzgados, y el fracaso de los programas de inserción social a los que les someten los responsables de los equipos técnicos de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat. Por ello el Estado no debe de amparar ilimitadamente a colectivos sociales de cualquier tipo, que practican aunque sea ocasionalmente la delincuencia, constatando además que al estar tutelados por la administración autonómica, es ésta la que paga la responsabilidad civil derivada de sus fechorías.

O sea, que si a un señor le roban algo y ese algo no aparece, es la Generalitat la que paga a la víctima del delito. Luego vendrá la Generalitat de Cataluña o la Comunidad de Madrid con encuestas maquilladas o directamente falseadas, pero yo solo me fio de mi experiencia profesional y de lo que me dicen los jueces, los fiscales y los educadores sociales de menores, que son en definitiva los que viven el día a día con estas personas. No obstante lo que constituye un hecho indultado, es que donde se implanta un centro de acogida de menas, los robos aumentan de una forma exponencial en ese barrio, y eso los vecinos lo tienen muy claro, porque son en definitiva los que lo sufren.

Otro aspecto que merece ser valorado es el modelo musulmán de familia, en el que los padres difícilmente se desvinculan de sus hijos. En conversaciones con jóvenes marroquíes, me han manifestado que mantienen comunicación telefónica con su padres que están en Marruecos, a los que les envían parte de la asignación que les da la Generalitat, con la idea de traerlos a España cuando obtengan el permiso de residencia, de trabajo o cuando obtengan la nacionalidad por arraigo. Evidentemente esa actitud de fingir un falso desamparo parental para obtener un subsidio, supone un fraude que genera un cuantioso gasto en las arcas públicas. Por lo visto mientras en otros países se expulsa a los delincuentes, en España se les nacionaliza.

En España animar a matar policías, quemar imágenes del Rey o injuriarle, y homenajear a los asesinos de ETA, es libertad de expresión, y manifestar que cada mena nos cuesta a todos los españoles unos 4.500 euros puede ser considerado un delito de odio.

Quiero concluir este artículo como lo he empezado, reiterando nuestra obligación como sociedad moderna a proteger a “todos” los menores desamparados que viven en nuestro país, pero toda acción bondadosa ha de tener un límite. Si un amigo me pide dinero porque lo necesita, se lo doy, pero tengo que verle trabajar, y evidentemente si se dedica a robar mi grifo se cerrará. La paciencia de Job solo está en la Biblia.

Juan Carlos Segura Just

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