La sanidad pública en Cataluña atraviesa una crisis estructural que no es fruto de la casualidad, sino de años de gestión negligente. Según denuncia María García Fuster, diputada de VOX en el Parlament y portavoz nacional de esta formación, la situación actual es el resultado de veinte años de «cogobierno» de facto entre el separatismo y el socialismo: «Ambas fuerzas políticas han permitido que un servicio que hace dos décadas era referente nacional se deteriore de forma alarmante».
Uno de los factores determinantes en este declive es el desajuste entre la oferta de servicios y el crecimiento de la población. Esta diputada denuncia que Cataluña cuenta hoy con «dos millones más de habitantes, impulsados en gran medida por una inmigración ilegal descontrolada que tensiona las infraestructuras. Sin embargo, las instalaciones y el personal sanitario no han crecido al mismo ritmo, generando una sobrecarga asistencial que compromete la calidad del servicio».
Añade que a esta falta de medios «se suma la fuga de profesionales, especialmente médicos, que optan por abandonar la comunidad autónoma de Cataluña. Las razones son claras: condiciones laborales precarias y la asfixiante imposición lingüística que prioriza el idioma sobre la excelencia técnica. El talento huye de un entorno donde el activismo político parece importar más que la capacidad diagnóstica o quirúrgica del facultativo».
García Fuster advierte de que «la lengua nunca había sido un foco de conflicto en los hospitales hasta la llegada de la ingeniería social nacionalista». La irrupción de entidades como Plataforma per la Llengua, que actúan como una verdadera «Gestapo lingüística», ha dinamitado la confianza entre médico y paciente. «Se señala y persigue a los profesionales, introduciendo una semilla de discordia ideológica en un espacio que debería ser de neutralidad absoluta», detalla.
El «maltrato al colectivo médico» es una constante que el actual Gobierno autonómico catalán no parece interesado en revertir, según García Fuster: «Se abusa de la vocación y el sacrificio del personal sanitario sin ofrecer a cambio estabilidad ni reconocimiento». Y propone que la creación de un estatuto médico propio surge «como una necesidad urgente para que los facultativos recuperen la autonomía en la negociación de sus condiciones laborales».
La estructura administrativa de la Generalitat también es objeto de crítica por su desmesurado tamaño: «Actualmente existen 116 altos cargos en el Departamento de Salud con sueldos superiores a los 100.000 euros anuales. Este gasto en estructuras políticas detrae recursos esenciales que deberían destinarse directamente a la atención del paciente y a la mejora de los recursos humanos».
Denuncia que en lugar de optimizar la gestión, el Ejecutivo catalán persiste en la creación de nuevos organismos burocráticos. La reciente Agencia Social y Sanitaria es, para García Fuster, un nuevo «chiringuito» que solo sirve «para engordar la nómina de directores generales y secretarios. Se vende como una mejora en la coordinación, pero en la práctica supone un despilfarro de millones de euros en gasto administrativo innecesario».
La solución propuesta por VOX pasa por un «cambio de modelo radical que devuelva las competencias de Sanidad al Estado. Solo mediante una recentralización efectiva se podría diseñar un mapa sanitario coherente y fuerte que evite el actual Ministerio de cartón piedra. Recuperar el control nacional permitiría gestionar los recursos con criterios de eficiencia y no de construcción nacional».
García Fuster argumenta que «la realidad en los centros de salud catalanes sigue marcada por el aumento de las listas de espera y la desmotivación de los profesionales. El socialismo y el separatismo han demostrado ser incapaces de garantizar un sistema sostenible y de calidad. Han preferido regar de subvenciones a asociaciones afines antes que invertir en la punta de lanza de la sanidad: sus médicos».
«La reforma de la sanidad catalana no puede esperar más a riesgos de convertirse en un sistema fallido de forma irreversible. Es imperativo desmantelar las agencias innecesarias y poner al paciente, y no a la lengua, en el centro de todas las políticas públicas. La salud de los ciudadanos debería estar siempre por encima de cualquier interés partidista o delirio identitario», concluye la portavoz nacional de Sanidad de VOX.
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