En España se está deteriorando de tal manera el respeto a la defensa del orden constitucional vigente que se indulta a los golpistas y se juzga a los agentes de la policía que lo defienden. El juez que investiga las cargas de la Policía Nacional para impedir la consulta ilegal del 1-O en Barcelona ha dejado a un paso de juicio a 45 agentes del cuerpo ya que deduce que su actuación podría constituir delitos de torturas, contra la integridad moral o lesiones.
Recordemos que fue una jueza la que notificó que no se debía votar el 1 de octubre de 2017 para evitar que se celebrara esa consulta ilegal y que la Guardia Civil y la Policía Nacional, ante la inacción de los Mossos d’Esquadra — no solo permitió las votaciones sino que algunos de sus agentes controlaban lo que hacían los otros cuerpos policiales — tuvieron que cargar contra los manifestantes que ocupaban ilegalmente los colegios.
Ahora, el titular de dicho juzgado de instrucción ha dado un plazo de cuarenta días a las acusaciones y defensas para que presenten sus escritos de calificación o soliciten el archivo de la causa abierta a los agentes, a los que acusa de llevar a cabo cargas desproporcionadas en veinticinco escuelas de Barcelona que acogieron urnas de dicha consulta ilegal. Del auto del juez instructor se entiende que los policías investigados pudieron incurrir en «delitos leves o menos graves de lesiones» y en otros previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal (torturas y contra la integridad moral).
Mientras, el Gobierno de España — el de Rajoy y el de Sánchez — no solo ha dejado tirados a los policías que intentaron parar el golpe de Estado, sino que el actual inquilino de La Moncloa ha indultado a los condenados por el Tribunal Supremo, desactivado al Tribunal de Cuentas y eliminado el delito de sedición. Los golpistas son tratados con toda la consideración del mundo mientras los agentes de la policía están en la picota. Así es la política española.
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