La Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, en una operación conjunta han liberado a 162 mujeres víctimas de una organización criminal que, presuntamente, las explotaba sexualmente en inmuebles que adquirían y convertían en prostíbulos.
Durante la operación han sido detenidas 37 personas –22 en la provincia de Valencia, cuatro Málaga, cuatro en Murcia, cuatro en Castellón y tres en Alicante–. Nueve de los detenidos han ingresado en prisión provisional. Se han realizado 39 registros en siete provincias diferentes.
La investigación policial se inició a raíz de la denuncia de tres víctimas que declararon haber sido explotadas sexualmente por varios individuos en diferentes localidades españolas. En Cataluña se realizaron dos registros en supuestos locales de masajes: uno en Manresa (Barcelona) donde se liberó a ocho mujeres, sin detenidos ni investigados, y otro en Reus (Tarragona) donde se liberó a otras ocho mujeres e investigó por delito a dos personas
A partir de esta información y las múltiples pesquisas realizadas por los investigadores se pudo determinar la existencia de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres asentada principalmente en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, aunque había comenzado a expandirse a otras provincias como Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona.
El entramado criminal se dedicaba a la captación de mujeres de origen sudamericano tanto en España como en sus propios países. En la mayoría de los casos, estas mujeres se encontraban en situación de vulnerabilidad y carentes de permiso de residencia y trabajo, a las que obligaban a ejercer la prostitución en diferentes ubicaciones de la geografía española.
Las víctimas eran rotadas y trasladadas entre los diferentes locales según la conveniencia de la organización criminal, pudiéndose constatar cómo además de los locales inicialmente conocidos, la organización había comenzado a expandirse a Cataluña, Murcia y Málaga, donde habían abierto nuevos inmuebles convertidos en prostíbulos. En Cataluña tenían un local en Manresa (Barcelona) y otro en Reus (Tarragona).
La operación ha concluido con el registro de 39 inmuebles en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona, incluyendo los domicilios de los once máximos responsables de la organización y de los locales destinados a la explotación de las víctimas, donde se han incautado 141.000 euros en efectivo y tres vehículos.
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