La República catalana de TV3. Un informe de Daniel Sirera sobre la ‘tele’ de la Generalitat

Estudios de TV3 en Sant Joan Despí

El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) acaba de aprobar el informe de control del cumplimiento de las misiones específicas de servicio público de competencia de la Generalidad de Cataluña correspondiente al año 2017. Por desgracia, el CAC se ha limitado a aprobar este informe sin hacer ninguna valoración crítica sobre los medios de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

La primera de las misiones específicas del servicio público que deben cumplir los medios de la CCMA hace referencia al “impulso del conocimiento y el respeto de los valores y los principios contenidos en la Constitución española (CE), el Estatuto de autonomía, el derecho comunitario originario y los tratados internacionales” (artículo 26.3.a) de la LCAC).

Apuesta por la independencia

En este sentido, ni TV3 ni el canal de información 3/24, ni tampoco Catalunya Ràdio ni Catalunya Informació han contribuido durante el ejercicio 2017 a fomentar “el respeto de los valores y los principios contenidos en la Constitución española”. Durante el año 2017, no se ha emitido ningún reportaje sobre la necesidad de respetar la legalidad constitucional y estatutaria ni tampoco sobre la importancia de mantener los principios que emanan de la carta magna. Es más, la televisión y la radio públicas que dependen de la Generalidad han mantenido durante el ejercicio 2017 una línea editorial contraria a los principios y valores reconocidos en la Constitución.

Lejos de trasladar la realidad que se configura en el artículo 2 de la CE -“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”-, son muchos los ejemplos en los que, desde los medios de comunicación públicos, se ha apostado claramente por la independencia de Cataluña, hecho este contrario a la propia Constitución, al Estatuto de autonomía de Cataluña y al derecho comunitario.

Utilización términos “Presos políticos y exilio”

Además, en el artículo 1 de la CE se señala que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. En el artículo 14 de la CE se establece que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. En el artículo 24 de la CE se reconoce que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

A pesar de que ello es así, son muchos los presentadores y colaboradores habituales de diferentes programas de la televisión y radio públicas de competencia de la Generalidad, incluso de sus informativos, que se refieren a los políticos y dirigentes independentistas en prisión provisional como “presos políticos” y a los políticos huidos de la justicia como a “políticos en el exilio”. Las expresiones utilizadas por algunos profesionales de los programas informativos de TV3, 3/24, Catalunya Ràdio y Catalunya Informació, en la medida que introducen los conceptos “exilio” y “presos políticos”, adolecen de rigor, pueden confundir al espectador medio y vulneran el principio de veracidad y neutralidad informativa.

No es cierto, como se repite constantemente desde los medios de comunicación que dependen de la Generalidad, que Marta Rovira, Toni Comín o Carles Puigdemont estén “en el exilio”. La realidad es que el anterior Gobierno catalán fue cesado en aplicación de la previsión contemplada en el artículo 155 de la Constitución y, por consiguiente, no es cierto que exista un Gobierno catalán “legítimo” cuyos miembros se encuentran exiliados en Bélgica; como tampoco lo es que hayan sido encarcelados por sus ideas, en calidad de presos políticos, en vez de en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el curso de la correspondiente instrucción judicial por la presunta comisión de hechos delictivos.

En ese sentido, el uso del término “exilio” por parte de los profesionales de los medios de comunicación públicos que dependen de la Generalidad de Cataluña pretende provocar confusión entre la realidad jurídica y esa otra pretendida realidad que, siendo inexistente, se utiliza para reforzar el discurso de algunos partidos políticos que acusan a España de no ser un país democrático. Por tanto, el uso del término “exilio” pone de relieve que la televisión y la radio públicas están transmitiendo -en beneficio de determinados partidos políticos- un mensaje confuso ante el cual el espectador puede llegar a la conclusión falsa de que, en efecto, existe o ha existido un legítimo Gobierno en el exilio y que existe persecución política de sus consejeros. Cuando los presentadores de los informativos de la televisión y la radio públicas utilizan el término “exilio”, ocultan y disfrazan la realidad de que no existe ni tal exilio, ni una supuesta persecución política, sino una aplicación, pura y simple, de las leyes vigentes en un país democrático, como es España.

La segunda de las misiones específicas del servicio público que deben cumplir los medios de la CCMA hace referencia a la “transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial” (artículo 26.3.b) de la LCAC).

Reportajes a favor de la independencia

En los últimos años, TV3 ha emitido varios reportajes sobre la necesidad de que Cataluña sea independiente de España, entre otros “¿Adiós, España?”, “Hola, Europa” o “1-O” sin que haya emitido un solo reportaje que defienda la necesidad de que Cataluña permanezca en España. En este sentido, la evidencia de estos hechos ha llevado al Consejo del Audiovisual de Cataluña, a través del Acuerdo 27/2018, de 7 de marzo, a “instar a TV3 a que, en cumplimiento de las misiones del servicio público, y atendiendo al debate político existente en la sociedad catalana, […] los documentales de autor o de tesis que emita, en su conjunto, respondan a más de un punto de vista y ofrezcan los diferentes posicionamientos de la sociedad catalana“, cosa que TV3 no hizo a lo largo del año 2017.

Falta de pluralismo en las tertulias

Otro ejemplo de la falta de pluralismo en TV3 y en Canal 3/24 se produce en las tertulias. Según un informe del Consejo del Audiovisual de Cataluña hecho entre el 11 y el 30 de septiembre de 2017, la dirección de la CCMA priorizó a los tertulianos que defendían las tesis de los partidos en el Gobierno a pesar de que más de un 50% de los catalanes no están de acuerdo con ellas. Así, por ejemplo, en TV3, solo un 38% de los tertulianos defendieron que el referéndum del 1 de Octubre (declarado ilegal por el Tribunal Constitucional) fue un acto ilegal y/o ilegítimo frente al 61,4% de los tertulianos que defendieron que fue legal y/o legítimo. En el caso del canal de noticias (3/24), sólo un 28,6% de los tertulianos invitados por este canal consideraron que el referéndum fue un acto ilegal y/o ilegítimo frente al 71,5% que se manifestó a favor de éste, por considerarlo un acto legal y/o legítimo.

Falta de neutralidad y veracidad en la información dirigida a niños

También se utiliza la información dirigida a niños para ofrecer una imagen épica de quienes defienden la independencia de Cataluña. El informativo InfoK (dirigido a niños y jóvenes) emitido por la CCMA el 2 de octubre de 2017 explicó lo ocurrido en Cataluña hasta llegar al día 1 de octubre pero desde el punto de vista de quienes defienden la independencia de Cataluña. Este informativo comenzó explicando que en 2006 se quiso cambiar el Estatuto de autonomía de Cataluña y que “costó mucho ponerse de acuerdo para encontrar un texto que gustara, más o menos, a todo el mundo pero, finalmente, se consiguió -el informativo no explicó que no todos los partidos votaron favorablemente este Estatuto-. Hasta que el grupo de jueces más importante de España decidió detenerlo. Cambiaron el texto y recortaron los poderes. Esta decisión enojó a muchos catalanes […]”. El informativo no explica que este “grupo de jueces” es quien tiene la potestad legal de señalar si un Estatuto contiene artículos que son o no constitucionales y quien anuló los artículos que no encajaban dentro de la Constitución.

El informativo explicó que “El Parlamento de Cataluña aprueba la ley para poder hacer el referéndum del 1 de octubre. No todos los diputados están de acuerdo, pero los que lo quieren son mayoría”. El InfoK no explica que esta ley fue aprobada saltándose la Constitución, el Estatuto de autonomía de Cataluña, la opinión de los letrados del Parlamento y el criterio del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalidad.

El informativo señaló que “El Gobierno español, y algunos partidos políticos, también catalanes, creen que este referéndum es ilegal, porque no sigue las normas de la Constitución” para, a continuación, trasladar la idea de que la Constitución es una ley antigua y desfasada: “la Constitución actual se aprobó en 1978, […] de ello ya hace casi 40 años y hay quien piensa que ya ha llegado el momento de cambiar cosas que han quedado anticuadas. Si se cambiara, por ejemplo, se podría incluir la posibilidad de hacer un referéndum como el de ayer […]”. El InfoK no explicó en ningún momento que el Tribunal Constitucional anuló la Ley del referéndum por considerarla ilegal. Es decir, no se trata de una opinión del Gobierno español y de algunos partidos políticos, tal como trasladó este informativo, sino que existía un auto del Tribunal Constitucional que prohibía expresamente la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Ni la presentadora ni la voz en off trasladaron en ningún momento a los jóvenes espectadores que el Tribunal Constitucional había prohibido expresamente la celebración de este referéndum e insistió en que “hay dos maneras de verlo muy diferentes” y atribuyó constantemente al Gobierno español la opinión que este referéndum es ilegal, en una clara muestra de manipulación informativa.

Más adelante, el informativo señaló que “Otra cosa que hizo el Gobierno español fue detener a algunas personas que estaban relacionadas con el referéndum y entrar en algunos edificios importantes del Gobierno de la Generalidad, para tenerlos controlados”. Esta información no es veraz, ya que no fue el “Gobierno español”, sino una juez, quien ordenó la detención de una serie de personas por la presunta comisión de un delito que está siendo investigado y la entrada de la policía en edificios de la Generalitat no fue “para tenerlos controlados” como explicó el programa, sino en el ejercicio de un registro ordenado por un juez en plena investigación de la presunta comisión de un delito. El informativo trasladó, en todo momento, la responsabilidad de las actuaciones policiales al Gobierno de España, cosa que no es cierta.

A continuación, el informativo explicó lo que es la “libertad de expresión” y concluye que “Cuando un gobierno de un país prohíbe o impide que la gente se exprese libremente, esto se llama censura […]”. El InfoK trasladó a los niños y jóvenes la idea de que el Gobierno de España limitó la “libertad de expresión” e hizo “censura”, cosa que no es cierta.

El relato de cómo los voluntarios movían las urnas y las papeletas “cuando aún era noche” calificando de “tesoro más preciado” las urnas y las imágenes empleadas en todo el reportaje, trasladó a la persona espectadora la idea de que quienes estaban a favor del referéndum del 1 de octubre eran personas que defendían la democracia y la libertad de expresión y que quienes estaban en contra eran personas violentas que golpeaban a los ciudadanos.

Siguió sin ser veraz la información cuando se aseguró que “Tanto la policía catalana como la española tenían la orden del Gobierno de entrar en los centros y coger el material del referéndum y quedárselo, pero la orden la siguieron de formas muy diferentes: los Mossos fueron a algunos lugares, pero no se enfrentaron con la gente. Algunos dicen que no hicieron bien su trabajo, pero mucha gente les está muy agradecida. En cambio, la policía española usó la fuerza para entrar en los centros de votación”. El informativo vuelve a señalar al Gobierno de España de dar la orden de entrar en los centros de votación, cuando la realidad es que fue una juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien lo ordenó. La información no es neutral cuando dice que “algunos” dicen que los Mossos no hicieron bien su trabajo, pero “mucha gente” les está agradecida.

La información traslada abiertamente la idea de que la “policía española agredió a las personas que intentaban impedir que entraran, en algunos casos con mucha violencia”. No hay ninguna referencia a la violencia empleada por algunas personas contra la policía que estaba cumpliendo con una orden de la juez.

La voluntad del informativo de culpar de los hechos más o menos violentos al Gobierno de España es tan evidente que incluso llegó a decir, con una imagen de la vicepresidenta del Gobierno español: “Pero los políticos que lo mandaron dicen que no, que se usó la violencia necesaria para conseguir su objetivo: detener el referéndum”. En ningún momento el informativo califica de ilegal este referéndum. El informativo acabó “repasando el significado de una palabra que creemos que es muy importante […]: la palabra democracia. […] Quiere decir algo así como… el poder en manos de la gente. Una dictadura, por ejemplo, no es democrática, porque todo el poder está en manos de una sola persona, que hace lo que quiere, el dictador. Lo que tenemos en Cataluña es una democracia parlamentaria. […] Así pues, en democracia, los ciudadanos tenemos el poder de elegir, de tomar decisiones. […]”. Esta reflexión final traslada a la persona espectadora la idea que el Gobierno español (que durante todo el informativo es el responsable de que en Cataluña no se pueda votar y quien ha ordenado a los policías que actúen violentamente contra quienes querían votar) no es democrático.

Anuncios sobre el referéndum ilegal del 1-O

Otra muestra clara de que los medios de la CCMA incumplieron las misiones de servicio público es la emisión de los anuncios sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. No se puede impulsar desde los medios de la CCMA “el conocimiento y el respeto por los valores constitucionales” si son los propios medios de la CCMA los que incumplen la Constitución, en concreto el artículo 103 que señala que “la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa (…) con sumisión plena a la ley y al Derecho” y el 118 que establece que “todos tienen la obligación de cumplir las sentencias y las otras resoluciones firmes de los jueces y tribunales (…)”.

Desde el 15 de septiembre de 2017, los medios de la CCMA, emitieron el anuncio institucional del Gobierno de la Generalidad “Instrucciones para votar el 1-O” que tenía por objeto fomentar la participación en este referéndum (“Si quieres decidir democráticamente el futuro de Cataluña, vota en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre”), así como informar a los ciudadanos de la fecha del referéndum, de los documentos válidos para identificarse para la votación y que “la Generalidad hará pública próximamente la relación de los colegios electorales”. El 7 de septiembre el Tribunal Constitucional acordó la suspensión de la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del Referéndum de autodeterminación, así como la impugnación de todas las normas complementarias de desarrollo de la ley. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) notificó a la presidenta de la CCMA, así como a las direcciones de TV3 y de Catalunya Ràdio, que, en cumplimiento de dicha suspensión, las emisoras públicas podían informar de noticias relacionadas con el referéndum, pero tenían que abstenerse de emitir publicidad y propaganda de la convocatoria.

La Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la Comunicación Audiovisual de Cataluña (LCA), atribuye al Consejo del Audiovisual de Cataluña la función, entre otras, “de ejercer la potestad de inspección, control y sanción” sobre los contenidos audiovisuales emitidos por los sujetos que se encuentran dentro de su ámbito de aplicación -artículo 115.g)-. La CCMA es un medio de comunicación audiovisual de la Generalidad y, por lo tanto, los contenidos que emite, como prestador de servicios de comunicación audiovisual, se ubican dentro del ámbito competencial del Consejo del Audiovisual de Cataluña, que cuenta entre sus funciones (artículo 10.o) de la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña) “Disponer el cese o la rectificación en relación a las emisiones de publicidad ilícita o prohibida, de conformidad con la legislación aplicable y en los supuestos que la misma establece”.

Así, atendiendo a que la emisión del anuncio “Instrucciones para votar el 1-O” fue prohibida, el Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña debería haber requerido al prestador de servicios de comunicación audiovisual Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que cesase de emitir con carácter inmediato el anuncio “Instrucciones para votar el 1-O” por tratarse de publicidad prohibida, cosa que no hizo. Por tanto, tanto la CCMA como el CAC desoyeron la prohibición del Tribunal Constitucional.

Sanciones de la Junta Electoral a TV3 y Catalunya Ràdio

Hay que destacar, también, que tanto TV3 como Catalunya Ràdio fueron sancionados por la Junta Electoral por el tratamiento informativo de dos actos promovidos por el movimiento independentista, y por dos editoriales de Mònica Terribas en los medios públicos catalanes, que dieron lugar a cuatro sanciones de 4.000 euros en total (1.000 euros cada sanción) por considerar que se habían vulnerado los principios de neutralidad y pluralismo. En sus resoluciones, la Junta Electoral apuntó que “resulta palmario” que la CCMA “infringió, cuando menos, un deber de cuidado que le era exigible y cuyo resultado debería haber previsto y, por tanto, debe de ser sancionada”. Una de las penalizaciones a la cadena de televisión tuvo que ver con la cobertura en un informativo de TV3 del concierto por la libertad de los “presos políticos”. El estadio Lluís Companys de Montjuïc acogió el recital el pasado 2 de diciembre. El motivo de la otra amonestación a TV3, y al canal 3/24, fue el tratamiento claramente partidista de la manifestación independentista celebrada en Bruselas del 7 de diciembre, cuando ya se había iniciado la campaña para las elecciones del 21-D.

En cuanto a Catalunya Ràdio, la Junta Electoral de Barcelona decidió sancionarla por los editoriales de la conductora de El matí de Catalunya Ràdio de los días 28 y 30 de diciembre. Además de las dos multas al medio, sancionó con 300 euros en cada caso (600 en total) a la periodista, en cuyas intervenciones vió “intencionalidad” política. La Junta Electoral destacó el “tono partidista y electoralista” de la periodista, “abiertamente favorable a aquellas formaciones políticas que sostienen que existe una represión injusta sobre el Gobierno legítimo de Cataluña”. Sus comentarios ponían a la emisora pública, sostuvo, “al servicio” de las candidaturas independentistas y en contra del resto.

Seguimiento de furgones policiales por parte de Catalunya Ràdio

Uno de los ejemplos más claros de la falta de neutralidad y de la utilización partidista de los medios de comunicación públicos fue el episodio en el que desde Catalunya Ràdio se delató los movimientos que efectuaban los vehículos patrulla de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policia tras pedir a sus oyentes, incidiendo principalmente en taxistas y transportistas que suelen moverse constantemente por las carreteras, que les fueran facilitando los datos de los lugares por dónde circulaban. La delación tuvo lugar el pasado mes de septiembre de 2017 en El matí de Catalunya Ràdio, programa dirigido y presentado por Mònica Terribas: “Esta mañana no sabemos si podremos seguir la escaleta del programa o no. Si los taxistas que nos están escuchando o los transportistas que salen del puerto ven movimiento de coches de la Policía o la Guardia Civil, pedimos que nos avisen”, decía en el programa. Apenas veinte minutos después de su llamamiento, la periodista comenzaba a hacer públicos en antena los primeros datos que le facilitaban los oyentes del programa: “¡Atención! Y gracias a nuestros oyentes.

Ahora sabemos que, por ejemplo, en la A2, en Tàrrega (Lleida) dirección a Barcelona, circulan 4 todoterrenos y una furgoneta de la Guardia Civil. En la autopista del Maresme, en Arenys de Mar, 50 furgonetas de la Policía Nacional en movimiento”. “Desde el Puerto de Barcelona a la Ronda Litoral nos dicen los transportistas ‘aquí está todo tranquilo’. En la A2, en Sant Vicenç dels Horts, dirección Barcelona, 5 todoterrenos y dos furgonetas en movimiento. En la Autopista del Maresme en dirección Barcelona, furgonetas. En la Gran Vía, seis furgonetas… Gracias a los oyentes que nos están avisando porque este es el termómetro del movimiento de la Policía y la Guardia Civil en esta mañana”, dijo la periodista. Durante al menos una hora y media más de programa, la conductora del programa estuvo haciendo públicos en antena los movimientos de los diferentes convoyes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado intercalados con las diferentes noticias y comentarios de actualidad.

ANC y Òmnium Cultural frente a SCC

Un ejemplo más de falta de neutralidad y pluralismo es el trato que los medios que dependen de la CCMA otorgan a entidades que propugnan la independencia de Cataluña frente a aquellas asociaciones que defienden la Constitución y el Estatuto de autonomía de Cataluña. Por poner un ejemplo, en el año 2017 TV3 realizó 2 entrevistas a miembros de Sociedad Civil Catalana (SCC), una entidad constitucionalista, frente a las 33 entrevistas que realizó a miembros de la ANC, Òmnium y Pacte Nacional pel Referèndum, entidades que defienden la independencia de Cataluña. En este mismo periodo, se produjeron 21 intervenciones en los informativos de miembros de SCC frente a las 227 de miembros de la ANC, Òmnium y Pacte Nacional pel Referèndum. En Catalunya Ràdio, y en ese mismo periodo, SCC fue entrevistada 6 veces y apareció 12 veces frente a las 68 entrevistas y 123 intervenciones de diferentes miembros de la ANC, Òmnium y Pacte Nacional pel Referèndum.

Además, mientras que los actos organizados por SCC tienen un seguimiento desigual por parte de los medios de la CCMA, los actos organizados por la ANC son sistemáticamente emitidos en directo por parte de todos los canales de la CCMA. Uno de los más destacados es el seguimiento que la CCMA hizo de la manifestación de casi 4 horas que la ANC convocó el 11 de septiembre de 2017 y que, sin ser un acto institucional, fue emitida en directo por los canales de la CCMA.

Discurso “institucional” de fin de año de Carles Puigdemont

Por último, el canal de noticias 3/24 emitió el 30 de diciembre de 2017 un “balance de fin de año de Carles Puigdemont”, incumpliendo el principio de pluralismo y acceso a los medios de la CCMA de los grupos políticos más significativos, ya que este canal no emitió en las mismas condiciones ningún mensaje de fin de año de ninguno de los otros candidatos o líderes políticos del resto de partidos que conformaron el nuevo Parlamento de Cataluña, ni siquiera de la presidenta del partido político (Ciudadanos) que ganó las últimas elecciones autonómicas.

El CAC ha perdido una oportunidad para reivindicar su función de control sobre los medios de comunicación públicos. La ley le otorga al CAC la función de garantizar el cumplimiento de las misiones de servicio público asignadas a los medios de comunicación audiovisual de gestión pública, cosa que, como queda acreditado en este artículo, no ha hecho.

Daniel Sirera

Periodista. Miembro del Consejo del Audiovisual de Cataluña


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