Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Barcelona una organización criminal de ciudadanos pakistaníes dedicados a la explotación laboral y la emisión de contratos de trabajo fraudulentos. Los interesados llegaban a pagar a sus compatriotas, cantidades en torno a los 8.000 euros a cambio de un contrato laboral que les permitiese solicitar la autorización de residencia y trabajo.
La trama contaba con una infraestructura de sociedades mercantiles y domicilios donde los trabajadores eran distribuidos y alojados, siendo sometidos mediante amenazas a jornadas laborales de hasta 18 horas diarias. Cada uno de ellos debía abonar la mitad de su sueldo de 300 euros mensuales en concepto de alojamiento. Han sido detenidos los cuatro máximos responsables, a quienes se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y amenazas.
La operación policial se inició a raíz de la denuncia de un ciudadano pakistaní en situación irregular, quien aseguraba haber pagado 8.000 euros a cambio de un contrato laboral que le permitiera regularizar su situación administrativa.
Con los datos aportados por la víctima los investigadores pudieron averiguar que se trataba de una organización con una estructura perfectamente definida de empresas, establecimientos y domicilios. El modus operandi de la trama se basaba en ofrecer contratos de trabajo fraudulentos a ciudadanos nacionales de Pakistán a cambio de un pago que podía alcanzar los 8.000 euros. Para dar cobertura legal ante posibles actuaciones de la Inspección de Trabajo o policiales empleaban a otros compatriotas que poseían la correspondiente autorización administrativa de residencia y trabajo.
Inicialmente los trabajadores eran alojados en el sótano de un establecimiento de alimentación ubicado en L´Eixample de Barcelona para, posteriormente y una vez ganada su confianza, alojarlos en uno de los domicilios. En concepto de alojamiento los trabajadores debían abonar la mitad de su salario de 300 euros mensuales. Los integrantes de la trama se aprovechaban de la situación de indefensión, carencia de recursos y situación irregular para, bajo amenazas, someter a los trabajadores a jornadas de hasta 18 horas sin descanso semanal, ni respetar ningún otro tipo de derecho laboral.
La operación policial se salda con la detención de los cuatro máximos responsables del entramado como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y amenazas.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona.
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