El Ministerio de Agricultura ha confirmado este lunes la aparición de dos nuevos cadáveres en Barcelona de jabalíes infectados por la Peste Porcina Africana (PPA). Con estos casos, la cifra total de animales positivos asciende ya a 29 desde que se activaron las alarmas. La gestión de esta crisis sanitaria empieza a generar dudas razonables sobre la capacidad de reacción de las administraciones implicadas.
Los ejemplares han sido hallados dentro del radio de seis kilómetros establecido tras el primer brote. Por el momento, este perímetro de seguridad evita que la mancha de aceite se extienda a nuevos municipios. Sin embargo, la persistencia de casos positivos indica que el virus sigue circulando activamente por el territorio sin un control total.
Se cumple ahora un mes desde que se declaró oficialmente el brote el pasado 28 de noviembre. Treinta días después, la sensación de provisionalidad sigue instalada en el sector ganadero, motor económico fundamental que observa con temor la evolución de la enfermedad. La comunicación institucional ha sido, hasta la fecha, más reactiva que proactiva.
En este escenario, el Govern de la Generalitat ha intentado calmar los ánimos publicando los resultados de una auditoría externa. El informe del IRTA CReSA sostiene que las instalaciones analizadas cumplen con los protocolos de seguridad pertinentes. Es un paso necesario, pero a todas luces insuficiente para cerrar la crisis de confianza abierta.
Sigue pendiente la incógnita más sensible de este episodio: el resultado de la secuenciación del virus. Este análisis genético es el que debe determinar si el origen del brote tiene una causa natural o si, por el contrario, procede de un laboratorio. Esta última posibilidad supondría un escándalo de proporciones mayúsculas para la gestión pública del centro de investigación.
La falta de transparencia sobre este punto concreto alimenta todo tipo de especulaciones en el entorno rural. El retraso en ofrecer una respuesta definitiva sobre el origen del patógeno no hace más que aumentar la inquietud de los productores. La transparencia no debería ser una opción, sino una obligación inmediata para el Ministerio y el Govern.
España se juega mucho en este envite, ya que la PPA es una enfermedad que conlleva restricciones comerciales severas. Cualquier error en la trazabilidad o en la comunicación de los focos puede costar millones de euros en pérdidas. La prudencia es exigible, pero la parálisis informativa resulta contraproducente para los intereses nacionales.
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