Badalona vuelve a ser el escenario de la tensión por el fenómeno de la okupación ilegal. Ayer, un grupo de aproximadamente sesenta personas ha intentado asaltar un antiguo instituto en la avenida de Mónaco. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad ha evitado que el inmueble se convirtiera en un nuevo foco de conflicto social.
Entre los asaltantes destacaban jóvenes vinculados a la organización de extrema izquierda OJS. A ellos se sumaron antiguos moradores del B9, un centro que fue desalojado legalmente la semana pasada. La intención del colectivo era clara: establecerse en el edificio y protestar contra las recientes actuaciones judiciales en la ciudad.
La colaboración ciudadana ha resultado clave para el éxito de la operación. Fueron los propios vecinos quienes, al detectar movimientos sospechosos, alertaron de inmediato a las autoridades. Este aviso permitió una respuesta ágil antes de que los ocupantes lograran blindar los accesos del equipamiento público.
La Guardia Urbana de Badalona lideró el operativo con el apoyo estratégico de los Mossos d’Esquadra. En el despliegue participaron unidades especializadas de la ARRO y la Brigada Móvil (Brimo). La contundencia de la presencia policial disuadió cualquier intento de resistencia violenta por parte de los radicales.
Una vez en el interior, los agentes procedieron al desalojo preventivo de quienes ya habían logrado entrar. El operativo se desarrolló sin incidentes graves, garantizando la integridad de la propiedad en pocos minutos. Sin embargo, el clima de crispación se trasladó rápidamente a la vía pública.
En el exterior, la indignación vecinal se hizo patente de forma espontánea. Decenas de residentes se concentraron para increpar a los okupas, mostrando el hartazgo de una comunidad que exige seguridad. Los gritos contra el colectivo del B9 evidenciaron la fractura social que provocan estas acciones ilegales.
La tensión alcanzó niveles críticos cuando ambos grupos se encontraron cara a cara. La Brigada Móvil tuvo que establecer un cordón de seguridad para evitar enfrentamientos físicos entre vecinos y activistas. Los residentes, cansados de la permisividad ideológica de ciertos sectores, reclamaron el derecho al descanso y a la propiedad.
La policía acompañó a los desalojados fuera del perímetro de seguridad para rebajar la temperatura del conflicto. Mientras tanto, el grupo de izquierda radical intentaba justificar su acción como una medida de protesta social. No obstante, la realidad sobre el terreno muestra un rechazo frontal de los barrios a estas prácticas.
Este episodio pone de relieve la importancia de la prevención y la autoridad frente a la patada en la puerta. Frente a los discursos que intentan romantizar la okupación, la respuesta de Badalona ha sido de tolerancia cero. La propiedad pública no puede ser el refugio de quienes deciden saltarse las normas de convivencia.
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