El reciente desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su piso en el madrileño barrio de Retiro tras residir allí durante 71 años, ha conmovido a la opinión pública española. La anciana tuvo que abandonar su hogar en camilla tras agotarse todas las vías judiciales ordinarias en un complejo conflicto de arrendamiento.
El origen de este doloroso caso radica en un largo litigio judicial que culminó con una sentencia del Tribunal Supremo a favor de la empresa propietaria. El marco legal de los contratos de renta antigua suscritos décadas atrás establece limitaciones estrictas a las subrogaciones sucesivas, un escenario que los tribunales aplicaron de forma inapelable.
Ante este panorama de vulnerabilidad, la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se hizo esperar en los canales institucionales y redes sociales. El jefe del Ejecutivo calificó rápidamente el suceso de «tragedia social», buscando capitalizar el impacto emocional que la noticia generaba entre los ciudadanos.
Sin embargo, esa condena enérgica esconde una profunda demagogia política que conviene señalar sin ambages. Resulta insostenible que el máximo responsable de la nación actúe como un mero tertuliano indignado en lugar de asumir las responsabilidades directas que le competen desde el Palacio de La Moncloa.
Durante sus años al frente del Gobierno, las políticas de vivienda del PSOE y de sus socios de coalición han fracasado estrepitosamente en la práctica. Las leyes aprobadas no han frenado la tensión del mercado, sino que han incrementado la inseguridad jurídica tanto para pequeños propietarios como para inquilinos vulnerables.
Utilizar el drama humano de una persona mayor como ariete propagandístico evidencia una cínica estrategia de comunicación gubernamental. Se intenta desviar la atención de los graves déficits en el parque público de vivienda y de la ineficacia crónica de los servicios sociales del Estado.
Existe un abismo insondable entre las palabras grandilocuentes pronunciadas por los ministros socialistas y la cruda realidad de su gestión diaria. Las familias y los mayores merecen planes de protección efectivos y recursos habitacionales reales, no lágrimas de cocodrilo ante los micrófonos de los medios.
El Estado de derecho se sustenta en el respeto escrupuloso a las resoluciones judiciales firmes, dictadas por jueces independientes que aplican las leyes vigentes. Cuestionar de manera solapada o instrumentalizar políticamente estos fallos debilita los cimientos institucionales de nuestra democracia.
La solución a los problemas residenciales de España exige grandes pactos de Estado, rigor técnico y un marco regulatorio estable que fomente la oferta. Lejos de eso, el sanchismo prefiere el atajo del señalamiento ideológico y la agitación emocional para obtener rédito electoral inmediato.
Maricarmen merecía un amparo institucional silencioso, eficaz y respetuoso con su dignidad, y no convertirse en la triste protagonista de un mitin improvisado por Pedro Sánchez. La política española necesita menos demagogia efectista y mucha más altura de miras para resolver los problemas reales de los ciudadanos.
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