La carta de la victoria de los catalanes que exigen justicia lingüística

Esta mañana, el primer padre que ha recibido la legitimación del TSJC para pedir la ejecución forzosa de la sentencia del 25%, ha remitido a la dirección del centro de sus hijos una carta. En ella solicita la ejecución de la sentencia y poner fin a una situación en la que se están vulnerando los derechos de sus hijos y del resto de alumnos y se pone en peligro la convivencia.

Este padre es miembro de nuestra asociación y ha recibido nuestro asesoría para interponer la demanda de ejecución forzosa. Desde la AEB nos alegramos de la apertura de esta nueva vía para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia en todos los centros públicos y concertados. Se une, además, a la vía de nuestra legitimación ya reconocida por el TSJC con fecha 4 de mayo.

La carta es la siguiente:

Apreciada Directora,

Como quizás ya sepas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido mi legitimación para solicitar la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de diciembre de 2020 en relación con el Instituto que tu diriges y en el que estudian mis hijos. Te adjunto la resolución recibida, así como la que ha hecho pública el TSJC en la que, con buen criterio, ha eliminado los datos que permitieran identificar a los niños o al instituto.

Como recordarás, en el mes de marzo ya te había solicitado la ejecución de esa sentencia y ante el silencio con el que fue recibido mi requerimiento no quedó más vía que acudir al tribunal que había dictado la resolución cuyo cumplimiento instaba. Ahora, como verás, reitera las medidas de ejecución adoptadas en auto de 4 de mayo y que también te adjunto.

Como seguramente también sabrás, esas medidas de ejecución implican que en el plazo de 15 días desde la notificación a la Generalitat del auto no solamente debe haberse ejecutado la sentencia en todos los centros educativos de Cataluña, sino que también debe haberse informado al Tribunal sobre las medidas de ejecución adoptadas. Dado el momento en el que el auto fue notificado a la Generalitat, ese plazo vence el 31 de mayo según las informaciones publicadas. Esto es, en poco más de una semana.

A mi conocimiento ninguna medida se ha adoptado, lo que nos aboca, en pocos días, a una situación de tensión que no creo que beneficie a nadie. La sentencia de 16 de diciembre de 2020 es firme y obligatoria. Ya no existen vías para modificarla y una obligación esencial en cualquier Estado de Derecho es acatar las decisiones judiciales. El Parlamento Europeo acaba de aprobar estos días una resolución que reitera este principio básico que vincula a todos, pero especialmente a los funcionarios públicos y a las autoridades.

Es por esto por lo que te solicito que hagas lo que esté en tu mano para que en los pocos días que quedan la sentencia se ejecute en nuestro instituto, lo que implica, según se establece en la sentencia de 16 de diciembre de 2020 y en el auto de 4 de mayo de 2022, que al menos un 25% de la docencia se imparta en castellano, incluyendo en ese 25%, además de la materia de lengua castellana, otra asignatura troncal o análoga. No hay mucho margen para interpretaciones imaginativas o dudas semánticas, ya que el texto tanto de la sentencia como del auto son claros. Y se trata de sentencias y autos directamente obligatorios, no susceptibles de ningún recurso que suspenda por sí solo su eficacia.

Lo que pido no es más que el cumplimiento de la Constitución y de la ley y el respeto a los derechos lingüísticos de los alumnos; unos derechos lingüísticos que en el caso de mis hijos llevan nueve años vulnerándose. Por supuesto, es legítimo que puedas discrepar de la interpretación que yo hago; pero sea así o no -no conozco cuál es tu posición personal sobre esta cuestión- lo que es claro es que lo que he expresado en el párrafo anterior es lo que han establecido de manera definitiva los tribunales de justicia; y en un Estado democrático llegados a ese punto no cabe más que obedecerlo.

Las vías de la justicia son lentas la mayoría de las veces; pero incluyen los mecanismos necesarios para garantizar los derechos judicialmente reconocidos. Se ha agotado la posibilidad de cumplimiento voluntario de la sentencia y se está a punto de agotar el plazo para que se obedezcan las órdenes directas dadas por el tribunal para que se convierta en realidad lo establecido en la decisión judicial.

Creo que sería en interés de todos que acabara en este punto la vía judicial, que se acatara la decisión y que todos asumiéramos con normalidad lo que es normal: que tanto el catalán como el castellano son lenguas vehiculares y de aprendizaje en nuestro instituto. Se me hace difícil pensar que esta no pueda ser una base razonable para la convivencia.

Como habrás visto, no hemos dado ninguna publicidad ni al instituto al que se refiere el Auto ni a la identidad de los niños. Para nosotros es fundamental preservar la privacidad de los niños y que no se vean afectados en absoluto por estas actuaciones, de manera que sea con el resto de sus compañeros de instituto que reciban el cambio positivo que supondrá la incorporación del castellano como lengua de docencia más allá de la
asignatura de lengua española.

Sí que daremos publicidad al contenido de este correo, pero sin identificar ni a los niños ni al instituto, porque lo que nos pasa a nosotros no es esencialmente diferente de lo que sucede en otros muchos puntos de Cataluña, en los que tantas familias desean que su lengua sea admitida con normalidad en los centros donde estudian sus hijos.

Te reitero lo que te comentaba un poco más arriba: mi solicitud es que hagas lo que esté en tu mano para que llegado el 31 de mayo nuestro instituto se cuente entre aquellos en los que se respeta la Constitución, se acatan las decisiones judiciales y se garantizan los derechos lingüísticos de todos los alumnos.

Un cordial saludo,

Barcelona, a 20 de mayo de 2022