El portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, ha cargado esta mañana contra la regularización masiva del Gobierno, que provoca un indiscutido “efecto llamada” y manda el peligroso mensaje de que “en España, entrar de manera irregular puede acabar teniendo premio”. Por eso ha pedido al Gobierno que cambie de postura y sustituya su política migratoria basada en la improvisación y el efecto llamada por una política “seria, coherente y responsable”.
El dirigente popular ha insistido en recalcar que el problema no es la inmigración en sí, sino la falta absoluta de control a causa de la presión a la que se está sometiendo a los Ayuntamientos, que tienen colapsados los servicios de atención a la ciudadanía por la falta de recursos, menor capacidad estructural y funcionarios sobrecargados que no pueden garantizar los mecanismos de control adecuados. “Lo que se está haciendo es tratar a todos por igual, sin distinguir situaciones completamente diferentes, porque no todo inmigrante irregular, por el mero hecho de serlo, es una persona vulnerable”, ha señalado.
Para el parlamentario popular, esta situación debería ser clave cuando se plantea una regularización masiva, porque “desde el PP defendemos una inmigración legal, ordenada y vinculada a la capacidad real de integración de nuestra sociedad”, y es en este sentido que ha defendido que las políticas públicas deben diseñarse pensando en el interés general.
En este caso concreto, “defendemos que quien venga a trabajar, a aportar, a respetar nuestras normas y a integrarse, tenga oportunidades reales, pero también hay personas que han venido a aprovecharse del sistema y personas que han venido a delinquir”, y son estos últimos casos los que deberían ser objeto de control estricto. “Nosotros no estamos en contra de la inmigración, estamos en contra del descontrol y defendemos que quien incumpla la ley no reciba el mismo trato que quien la respeta”, ha insistido.
Los ayuntamientos
Fernández ha explicado que la regularización masiva está colapsando los ayuntamientos, retrasando citas durante semanas, desbordando funcionarios y, “lo más grave, vecinos que ven cómo trámites esenciales quedan bloqueados o ralentizados”, cosa que afecta a los autónomos que necesitan una licencia para abrir su negocio, a las familias que esperan ayudas o al ciudadano que simplemente quiere ser atendido en tiempo y forma.
El portavoz ha señalado que la situación actual “satura los servicios públicos, dificulta la integración, genera tensiones sociales y debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones”. “Se ha tomado una decisión de enorme impacto sin reforzar a los ayuntamientos, sin dotarlos de financiación suficiente, sin aumentar plantillas, sin mejorar los sistemas de gestión, se les ha dejado solos y eso es profundamente injusto”, ha declarado.
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