Koldo, Salazar, Chili y ahora esto…lo que está claro es que Salvador Illa debería elegir mejores compañías… pic.twitter.com/N9bi88s3Ax
— Alejandro Fernández (@alejandroTGN) April 21, 2026
El círculo de confianza de Salvador Illa vuelve a situarse bajo el foco de la sospecha judicial. Eduard Rivas, actual jefe de gabinete del presidente de la Generalitat y exalcalde de Esparreguera, se encuentra en el epicentro de una causa que investiga el destino de fondos públicos. Los Mossos d’Esquadra, por orden directa de un juez de Martorell, procedieron el pasado mes de enero a la incautación del teléfono móvil de Rivas, un movimiento que evidencia la seriedad de las pesquisas sobre su gestión al frente del consistorio barcelonés.
La investigación trata de arrojar luz sobre una presunta trama de irregularidades en la Fundación para la Inclusión Laboral, una entidad destinada teóricamente a proteger a colectivos vulnerables y personas con discapacidad. La sombra de la corrupción planea sobre el PSC local, ante la sospecha de que dinero público, desviado a través de contratos municipales, terminó presuntamente sufragando gastos privados de individuos vinculados a la organización. Es el retrato de una gestión bajo sospecha que utiliza fines sociales para fines particulares.
El procedimiento judicial ha tomado una deriva preocupante para el ejecutivo catalán con la apertura de una pieza separada de carácter reservado. En este apartado secreto de la causa es donde el juez ha incluido tanto el dispositivo móvil de la mano derecha de Illa como la abundante documentación intervenida en el registro del Ayuntamiento de Esparreguera. Este blindaje de la investigación sugiere que la información extraída del terminal de Rivas podría ser determinante para desentrañar el alcance real de las supuestas anomalías financieras.
La situación coloca a Salvador Illa en una posición política comprometida, al mantener en el corazón de la Generalitat a un cargo señalado por la justicia. Mientras el PSC intenta vender una imagen de gestión pulcra y profesional, los juzgados de Martorell rastrean el rastro de contratos bajo el mandato de su hombre de confianza. Este nuevo escándalo debilita la narrativa ética del Gobierno y obliga a preguntar si el presidente catalán conocía el alcance de las investigaciones antes de nombrar a Rivas para un puesto de tan alta responsabilidad.
Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, ha ironizado en redes sociales sobre cómo los socialistas escogen a sus colaboradores y ha dicho que «Koldo, Salazar, Chili y ahora esto…lo que está claro es que Salvador Illa debería elegir mejores compañías…».
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