La visita que Salvador Illa, presidente de la Generalitat, realizará mañana a Bruselas para entrevistarse con Carles Puigdemont supone un gesto político cargado de polémica. No es una reunión cualquiera: se trata de un jefe del Ejecutivo autonómico viajando a rendir cuentas ante un prófugo de la justicia española, que huyó tras la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre de 2017 para evitar responder ante los tribunales.
El simbolismo es demoledor y pone en cuestión la legitimidad institucional del cargo que ostenta Illa. Esta visita llega tras el encarcelamiento del negociador socialista con Puigdemont, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y es una nueva concesión al prófugo que preside Junts.
Lo que debería ser un presidente centrado en gobernar Cataluña desde el respeto a la legalidad se convierte en una visita cargada de sumisión. Illa se desplaza a Bélgica para contentar a Junts, un partido que ha convertido el chantaje político en su modo de actuar, y que solo concibe las relaciones con el Estado a través de la presión y la concesión. La imagen de un dirigente socialista buscando la bendición de Puigdemont es la confirmación de que el PSC ha dejado de marcar su propio rumbo.
No se puede obviar que esta cita se produce en un momento en que el Gobierno central depende de los votos de Junts para sostenerse en el Congreso. Cada gesto, cada guiño y cada cesión no se entienden sin ese trasfondo: la supervivencia parlamentaria de Pedro Sánchez. Illa no viaja como presidente de todos los catalanes, sino como emisario de un engranaje político diseñado para garantizar que los separatistas mantengan su apoyo en Madrid.
El problema de fondo es que, con este movimiento, se normaliza la figura de Puigdemont, como si no hubiera sido protagonista de una fractura social y de un desafío frontal al orden constitucional. La reunión legitima a quien decidió huir en vez de dar explicaciones en sede judicial, y lanza un mensaje desolador para quienes sí cumplen las normas: que desobedecer y escapar tiene premio.
La actitud del socialismo catalán es de una tibieza alarmante frente a las exigencias separatistas. Illa, que se presentó como el candidato de la moderación y del sentido común, acaba actuando como un peón más en la partida de Junts. Esta dependencia se traduce en silencios cómplices y en la aceptación de una agenda política que erosiona la autoridad del Estado y la separación de poderes.
Además, la visita contradice el discurso de respeto a las instituciones y a la justicia que Illa defendía en campaña electoral. Si de verdad confiara en la legalidad española, no tendría que desplazarse a Bruselas para dialogar con quien la desprecia. Al contrario, exigiría que Puigdemont regresara a España para rendir cuentas. Lo que vemos es exactamente lo opuesto: un presidente buscando acuerdos en la sombra con quien desafía abiertamente a los jueces.
Este viaje no es un gesto de diálogo ni de concordia, como intentará vender el PSC, sino una demostración de debilidad política. Es la constatación de que la Generalitat se convierte en una pieza más dentro de las negociaciones de Sánchez con el independentismo, y que el interés general queda relegado a un segundo plano frente a los pactos de poder.
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