Dos agentes de la Guardia Civil resultaron heridos de gravedad durante la pasada madrugada en Cataluña al ser atacados con armas de fuego. Los funcionarios realizaban un dispositivo operativo enfocado en desarticular a un grupo delictivo especializado en el robo de mercancías en autopistas.
Los sospechosos reaccionaron de forma violenta y dispararon de manera indiscriminada en el instante en que los efectivos policiales se identificaron como miembros de la Benemérita. La agresión sorprendió a los patrulleros en plena ejecución de sus funciones de seguridad ciudadana.
Como consecuencia directa del tiroteo, los uniformados sufrieron múltiples impactos de bala, registrando dos y cuatro heridas respectivamente. Ambos requirieron intervención quirúrgica de urgencia en un centro hospitalario, aunque fuentes oficiales han confirmado que se encuentran fuera de peligro.
La junta directiva de JUCIL ha emitido una enérgica condena ante lo que califican como un atentado intolerable contra la vida de los servidores públicos. Desde la organización han subrayado que los criminales estuvieron a punto de acabar con la vida de dos trabajadores en el cumplimiento estricto de su deber.
La entidad profesional ha exigido que se garantice una cobertura integral para las víctimas y sus familias, incluyendo asistencia jurídica continuada, apoyo psicológico y atención médica especializada. Asimismo, han reconocido la rápida intervención de los servicios sanitarios y de los equipos de apoyo desplazados al lugar.
Este suceso ha encendido de nuevo las alertas sobre la progresiva pérdida del principio de autoridad que denuncian los cuerpos policiales en todo el territorio nacional. La asociación advierte que la escalada de violencia contra los efectivos representa un desafío directo al Estado de derecho.
En su comunicado, la organización ha recordado otros episodios violentos recientes que han sacudido al cuerpo, como el trágico suceso de Barbate en 2024, las muertes registradas en Huelva y la reciente embestida sufrida en Murcia. Estos antecedentes reflejan un clima de vulnerabilidad creciente en las actuaciones operativas.
Ante esta situación, se ha reclamado con firmeza al Gobierno central que otorgue de forma inmediata el estatus de profesión de riesgo a los miembros de las fuerzas de seguridad. Los representantes sindicales consideran que esta catalogación resulta indispensable para proteger adecuadamente al personal.
Las reivindicaciones también abarcan la consecución de una equiparación salarial real y completa, además de la dotación de medios materiales y jurídicos más eficaces. Según la asociación, estas medidas no constituyen privilegios, sino herramientas imprescindibles para garantizar la integridad de los agentes.
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