El decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Jesús Sánchez, asegura que “en ningún país del mundo existe el derecho a ocupar porque este derecho supone automáticamente la vulneración del derecho de otra persona”. En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Sánchez ha denunciado que en Cataluña el tema de la ocupación ilegal es un auténtico drama: “Quién no tiene un familiar o un conocido al que le han ocupado un piso y no tiene manera de conseguir de forma inmediata la devolución de la posesión del inmueble?, se pregunta el decano de los abogados.
En este sentido, ha avanzado que la próxima semana se celebrará en el Colegio de la Abogacía el segundo Congreso sobre Ocupación ilegal en el que se presentará “una propuesta legislativa conjunta con los Colegios de la Abogacía de Madrid y Málaga para contribuir a solucionar el problema de la ocupación ilegal”. “No es un tema de penalizar conductas, sino de dar seguridad jurídica”.
Además, añade que si los ocupantes son una familia vulnerable que no tiene ningún otro medio, “el Estado les tiene que facilitar una vivienda, pero nunca a costa de un particular”. “Caridad con el dinero de los demás la hacemos todos”, ha sentenciado.
Sobre las ocupaciones para instalar narcopisos, Jesús Sánchez ha alertado del efecto llamada que suponen para los delincuentes que han encontrado refugio en España después que Francia haya endurecido las penas. “Es un negocio brutal, en estos momentos las autoridades aduaneras están más preocupadas por lo que sale que por lo que entra cuando se habla de droga”, ha explicado, “Cataluña se está convirtiendo en un país exportador de marihuana”. Para el decano del ICAB, “esto lo ha provocado un mercado ilegal de pisos y locales”.
En otro orden de cosas, Jesús Sánchez se ha mostrado partidario de crear la figura “de un juez de garantías” que resuelva las medidas que está adoptando el instructor, ya sea juez o fiscal el que instruya la causa, y sobre la reforma que impulsa el PSOE para limitar la acusación popular ha recordado que “la Roma clásica permitía la acusación popular, que era uno de los medios esenciales para combatir la corrupción”.
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