Existe un principio esencial de derecho internacional, que establece que todo Estado nación tiene el derecho ineludible de defender, y por ende de mantener su integridad territorial, contra cualquier enemigo externo o interno que la amenace. Por ello todos los países del mundo tienen tres resortes fundamentales para defender su propia existencia como nación, evitando la desintegración. Me refiero en orden correlativo al Gobierno, al Estado y finalmente al pueblo, que constituyen además los resortes fundamentales en la toma de decisiones de una nación.
En el proceso secesionista impulsado por la Generalitat y por una parte del Parlamento de Cataluña, que culminó con el intento fallido de octubre de 2017, estos tres resortes: Gobierno, Estado y pueblo, consiguieron frustrar la intentona golpista, pero su actuación fue parcial e incompleta. Por lo que al Gobierno de refiere, con su presidente Mariano Rajoy a la cabeza, permitió durante cinco años todas las acciones emanadas de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña, encaminadas a construir lo que ellos llamaban «estructuras de Estado», que eran resortes acumulativos para conseguir la independencia política, encaminados a la celebración de un referéndum de independencia, y separarse unilateralmente de España.
Finalmente cuando se publicó el resultado de la consulta del 1 de octubre de 2017, se aplicó el artículo 155 de la Constitución de una forma parcial y deficiente, que condujo a unas elecciones autonómicas en las que ERC y Junts lograron formar gobierno, volviendo al punto de partida. Por lo que respecta a la actuación del Estado, reflejada en el juicio a los golpìstas del Tribunal Supremo y la instrucción del Tribunal de Cuentas, fue correcta pero nuevamente insuficiente, porque se omitió en la sentencia del Tribunal Supremo el delito de rebelión, rebajando considerablemente las penas de prisión, y finalmente por lo que se refiere a la acción popular, al margen de las concentraciones espontáneas de los jóvenes en la plaza Artos, las dos grandes manifestaciones convocadas por Societat Civil Catalana de los días 8 y 29 de octubre de 2017, las más multitudinarias que se han visto nunca en el ciudad de Barcelona, fueron tremendamente efectivas porque demostraron un clamor popular contra la independencia, que no se había visto hasta entonces, pero tenemos que reconocer que fueron dos acciones populares aisladas, porque no se produjo una movilización permanente, cosa que sí hicieron los independentistas durante varios años.
Ahora después de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el escenario ha empeorado sustancialmente en lo que a respuesta del trinomio «Gobierno, Estado y pueblo» contra el separatismo se refiere. Por lo que respecta al Gobierno de España, resulta evidente que si su presidente el señor Pedro Sánchez, ha otorgado muchas concesiones a ERC y a Junts a cambio de sus votos para ser investido presidente, va a aceptar todo lo que le planteen a partir de ahora según lo que tienen pactado, para mantenerse en el poder.
Por lo que respecta al Estado, y por Estado nos referimos al Tribunal Constitucional, Juzgados y Audiencias provinciales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Agencia Tributaria, se podría decir que el Gobierno ha «castrado» su capacidad de actuación, porque en la época del presidente José Luís Rodrígez Zapatero, se estableció que la convocatoria de un referéndum de independencia ya no sería ilegal, y además con el actual presidente Pedro Sánchez se ha suprimido el delito de sedición, y además con la concesión de la amnistía el Estado reconoce la legitimidad y la actuación «correcta» de los golpistas, que fueron según la Ley de Amnistía injustamente juzgados.
Los catalanes y el resto de los españoles vamos a vivir un nuevo «procés», seguramente mucho más intenso y violento que el del 2017, pero esta vez no vamos a contar con el muro del Gobierno -que no quiere pararlo- ni con el muro del Estado -que no podrá pararlo- por lo que solamente nos queda «el último muro», el del pueblo español, pero esta vez ya no bastará con un puñado de adolescentes en la plaza Artós, ni con dos macro manifestaciones, porque esta vez la movilización popular tendrá que ser «masiva y permanente». Con las movilizaciones en la sede del PSOE de la calle Ferrán de Madrid, y con las concentraciones en las capitales de provincia y ciudades menores, ya hemos visto un atisbo de lo que va a tener que hacerse en el futuro.
Los catalanes con la ayuda del resto de los españoles, no vamos a permitir que nos roben nuestra patria, porque el pueblo español tiene el derecho y la ineludible obligación de defender aquello que es suyo: su dignidad, su nacionalidad, su territorio, su patrimonio cultural y todo lo que es España.
Juan Carlos Segura Just, presidente del Grupo VOX del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet
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