En Cataluña la ley no existe, o mejor dicho, existe la ley del embudo, porque el separatismo te la aplica con dureza cuando no eres de los «suyos», mientras que ellos la pueden incumplir cuando lo desean. Si “desobediencia” es la palabra mágica en boca de los que gobiernan la comunidad autónoma y la ciudad de Barcelona, no puede extrañar que periódicamente se provoquen altercados y graves disturbios.
Cuando se instala en una sociedad el convencimiento de que no hay que cumplir las normas que no nos gustan o no nos convienen, como predican Oriol Junqueras, Carles Puigdemont o Ada Colau, el recurso a lanzar piedras a la policía o quemar cajeros automáticos es el siguiente paso. Y el no respetar a la policía y a los jueces, lo más normal.
En Cataluña la ley la hacen los violentos, porque violencia es sembrar odio desde los medios públicos de comunicación (el «puta España» ya es una consigna gubernamental a tenor de su repetición constante sin que se actúe). Violencia es no cumplir las sentencias de los tribunales democráticos y vulnerar los derechos lingüísticos de los niños hispanohablantes a recibir enseñanza en su lengua materna.
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