El PP de Cataluña exige al Govern de la Generalitat la inmediata creación de una oficina antiokupación en Cataluña para ayudar a los propietarios de inmuebles a recuperar sus viviendas y poner fin al alarmante aumento de este fenómeno delincuencial que, solo en Cataluña, concentra el 42% de todas las okupaciones que se producen en España y que cerró 2023 con 7.168 casos y se prevé que se repitan las cifras en 2024.
Lo ha anunciado esta mañana el portavoz de los populares en el Parlament de Cataluña Juan Fernández durante una visita a la plaza Garduña de Barcelona, junto al portavoz de los populares en la ciudad condal Daniel Sirera, para reclamar el inmediato desalojo de los okupas que se han apropiado de la antigua escuela La Massana.
“El fenómeno de la okupación ilegal de viviendas es una realidad que pasa día a día, hora a hora en Cataluña y el Govern tiene que atenderlo de forma inmediata para que deje de ser un hecho habitual y se convierta en un caso aislado”, ha expuesto Fernández. El parlamentario popular ha destacado que la oficina antiokupación ha sido probada con éxito en Badalona, “dónde se creó hace un año y ya está dando resultados como demuestra el hecho que Badalona es la única ciudad del área metropolitana que está reduciendo de forma exponencial las okupaciones ilegales”.
Fernández también ha lamentado que la Mesa del Congreso y el Gobierno estén “bloqueando” la ley propuesta por el PP para desokupar las viviendas en 24 horas y aumentar las penas por este delito. “Ahora mismo la Administración está protegiendo más al okupa que al propietario y desde las administraciones públicas no se puede proteger a quien se salta la ley”, ha indicado.
El líder popular también ha señalado que el episodio de okupación ilegal acaecido en Girona, y que ahora está en el foco mediático, “no es aislado ni puntual sino muestra de lo que pasa cada día en las ciudades de Cataluña”, que ha llevado a la región a tener unos datos “inaceptables” al haber aumentado las okupaciones ilegales de inmuebles un 82% en los últimos cinco años. “Tenemos gobernantes que no creen que esto pase y nos hablan de casos aislados, pero la okupación ilegal es una realidad que sufren miles de vecinos y hay que atenderla de forma urgente, como una emergencia”, ha apostillado.
Por su parte, el presidente del Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, ha advertido que “más de 5000 inmuebles en la ciudad están okupados, 22 de ellos son municipales. Hace meses que exigimos al alcalde que los desocupara, pero sigue sin hacer nada. Lo único que transmite es que Barcelona es una ciudad en la que se puede okupar sin tener consecuencias judiciales”.
Ante la pasividad del alcalde Collboni, en el próximo pleno el Partido Popular presentará una iniciativa para saber cuáles son los planes que el Ayuntamiento tiene con estos 22 edificios municipales okupados y si finalmente los desocupará, “si el alcalde no decide actuar contra los okupas de estos edificios, que lo haga la justicia”. Sirera también ha anunciado el inicio de una campaña “para garantizar la seguridad en Barcelona” centrándose en la lucha contra la multireincidencia. “El partido socialista gobierna Barcelona, Cataluña y el Estado y debe intervenir para que Barcelona deje de ser la ciudad más insegura de España y la segunda de Europa”, ha sentenciado.
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