El Parlamento de Cataluña aprobará en breve el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Cataluña. En esta ley se establecerá lo que es correcto pensar y decir sobre la II República, la guerra civil y el franquismo, y las multas previstas para los que digan lo contrario.
Lo primero a resaltar es que hacer una ley oficial de memoria histórica es un ataque a la libertad de los historiadores en su trabajo para interpretar los hechos, que es una prohibición a que exista un debate historiográfico entre los especialistas.
La memoria es personal, no existe una memoria colectiva, sino que cada persona que ha vivido unos determinados acontecimientos tiene la suya. Un mismo hecho se interpreta de forma diferente si lo ve una parte u otra. Pretender que en un país solo sea correcta una de las visiones, la del gobierno en funciones, es totalitario. Y establecer multas económicas y sanciones laborales a los que opinen lo contrario a lo que piensa el gobierno, confirma que estamos ante una grave pérdida de libertades personales.
El período al que se refiere el “proyecto de Ley de Memoria Democrática de Cataluña” va desde la II República, pasando por la Guerra Civil, luego el franquismo y finaliza con la proclamación del primer gobierno democrático de Cataluña.
La II República fue un período de graves enfrentamientos ideológicos y la Guerra Civil fue un enfrentamiento bélico de unos españoles contra otros, incluidos los enfrentamientos entre catalanes, con muertos por ambos lados. Fueron unos sucesos de los cuales nuestros abuelos, al volver de la guerra, no quisieron hablar. Es lamentable que el actual gobierno quiera ahora reabrir esas heridas, estableciendo por ley que unos lo hicieron todo bien y los otros lo hicieron todo mal.
Para ver la falta de imparcialidad de dicha ley basta observar que en su texto, el término “franquista” aparece 184 veces, el término “franquisme” se repite 17 veces i el término “franquistes” se cita 2 veces. En cambio, los términos “comunista”, “marxista”, “anarquista”, etc., es decir los del otro lado, no aparecen ni una sola vez. Esa es la historia que se quiere imponer en la enseñanza Primaria, en el Bachillerato, en las Universidades, en los programas de enseñanza del profesorado, en las oposiciones a la función docente, etc.
Con esta ley el conocimiento histórico de lo que realmente pasó está amenazado. Es lamentable la obcecación de un gobierno que quiere transformar una sociedad libre e ideológicamente plural en un país de pensamiento único.
El objetivo de esta ley es meramente electoral, la de desprestigiar a los partidos de derechas y a los partidos de centro, utilizando el hecho de que en 1936 un militar dio un golpe de Estado e hizo una guerra en defensa de muchas de sus ideas, a la vez que se ocultan las barbaridades que cometieron los partidos de izquierdas y los partidos nacionalistas catalanes.
Con esta ley los centros educativos y los medios de información se convertirán, todavía más, en canteras de votos para los partidos que la aprobarán en el Parlamento.
A muchos de los ciudadanos que viven actualmente les mataron algún antepasado los de un bando y a sus amigos o familiares consortes se lo mataron los del otro bando. Llevamos años viviendo en plena tranquilidad, asumiendo que se hicieron barbaridades en ambos lados y que gracias a que nuestros antepasados optaron por la convivencia, ahora vivimos en paz. Una ley que pretende desprestigiar a los partidos de la oposición asociándolos a la decisión de un militar hace más de ochenta años, es muy poco presentable.
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