La Universitat Autònoma de Barcelona ha vuelto a dar una lección magistral de sectarismo institucional. El rectorado ha anunciado con contundencia la prohibición absoluta de cualquier acto que pretenda realizar el activista Vito Quiles en sus instalaciones. La contundencia con la que las autoridades académicas impiden la presencia de un comunicador de derechas contrasta de forma sangrante con la pasividad histórica que muestran hacia los grupos radicales de izquierda.
Resulta escandaloso observar la rapidez con la que el centro universitario coordina dispositivos con el Departament d’Interior para cerrar las puertas del campus a quien no comparte su línea ideológica. Se recurre a la policía y al veto preventivo sin ningún tipo de rubor, utilizando el pretexto de la seguridad para justificar lo que en la práctica es una censura ideológica en toda regla.
Sin embargo, esa misma contundencia desaparece de un plumazo cuando los protagonistas de los incidentes son los colectivos de la ultraizquierda independentista y antifascista. Durante años, la UAB ha sido el escenario impune donde bandas de encapuchados han campado a sus anchas por la plaza Cívica y los pasillos de las facultades, imponiendo su ley mediante el matonismo político y la coacción física.
Los jóvenes constitucionalistas de la universidad conocen de primera mano lo que significa sufrir la violencia radical bajo la mirada indiferente del rectorado. Estudiantes que únicamente pretendían colocar una mesa informativa en defensa de la Constitución o de los derechos lingüísticos han sido acosados, insultados, agredidos y expulsados a la fuerza del campus por piquetes violentos.
En esos deplorables episodios, las autoridades académicas jamás mostraron la misma diligencia ni contundencia que exhiben hoy. Nunca se vio al rectorado coordinar cierres de filas policiales para proteger a los alumnos constitucionalistas ni para expulsar de forma tajante a los violentos que vulneran sistemáticamente los derechos más elementales de la comunidad universitaria.
Este insoportable doble rasero convierte a la UAB en un feudo ideológico donde solo se tolera un pensamiento único. Al ceder ante el chantaje de los violentos y vetar a quien incomoda a la izquierda radical, el rectorado legitima la violencia política y confirma que el espacio público universitario ha dejado de ser un lugar de debate libre para convertirse en un recinto tomado por el sectarismo.
La universidad pública debería ser el templo de la libertad de expresión, el contraste de opiniones y el respeto a la pluralidad democrática. Triste y lamentablemente, el campus de Bellaterra se ha transformado en un terreno donde la discrepancia se persigue con rigor administrativo mientras la algarada ultraizquierdista goza de total impunidad.
Cataluña no puede resignarse a que sus instituciones académicas sigan secuestradas por el sectarismo y la complicidad con el matonismo ideológico. La libertad de expresión no es un privilegio reservado a la izquierda, por mucho que el rectorado de la UAB se empeñe en demostrar lo contrario.
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