La semana pasada los que creemos en que la justicia ha de ser igual para todos recibimos una buena noticia: el Tribunal Supremo acordó por unanimidad abrir causa al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont por su implicación en el procedimiento del colectivo radical y violento Tsunami Democràtic.
La Sala de lo Penal admitió la trámite la exposición razonada enviada por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el que enumeró los indicios existentes contra el prófugo Puigdemont por terrorismo. Ahora la justicia dictaminará si el huido a Waterloo ha de de ser condenado, o no, por terrorismo.
Dicha Sala de lo Penal dictó que con Puigdemont y el diputado del Parlament catalán Rubén Wagensberg es «necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Diligencia de investigación que no puede realizar el instructor, sino solo esta Sala Segunda por tratarse de aforados».
Es bueno que, a pesar de los intentos de Pedro Sánchez, los graves delitos que tuvieron lugar organizados por Tsunami Democràtic no queden impunes y lleguen a juicio. El Supremo tiene que juzgar para ver si Puigdemont y Wagensberg son culpables o inocentes. Lo que no era de recibo era la impunidad por las buenas. Que se les juzgue con todas las garantías democráticas, pero sin que se puedan eludir su presunta responsabilidad.
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