Los medios de comunicación nos van informando de las supuestas trapacerías del rey emérito con cuentagotas. A veces tengo la sensación que estamos asistiendo a la reedición de una telenovela de los años noventa. La última entrega, de momento, es la carta del abogado de Juna Carlos de Borbón enviada al ministerio de Hacienda para regularizar la situación fiscal de su cliente en los ejercicios que van de 2016 a 2018.
Pero se equivocan de medio a medio, si creen que pagando las cantidades no satisfechas en su momento, unos recargos y una multa, por las irregularidades cometidas en los últimos tres o cuatro años, la ciudadanía nos vamos a dar por satisfechos. La gente que se levanta cada mañana para ir a trabajar, las pasa canutas para llegar a fin de mes y sacar su familia adelante, quiere saber, pero quiere saberlo todo: las presuntas comisiones del Ave a la Meca, las donaciones a Corina, el dinero enviado al extranjero, las fundaciones en paraísos fiscales y todo lo que haya, sea lo que sea y desde que Juan Carlos fue nombrado Rey hasta el día de antes de su abdicación. Es decir, quiere la transparencia más absoluta.
Ya sé que en ese tiempo Juan Carlos I, por ser Rey de España tenía la condición de inviolable. No obstante, como ciudadano de a pie, he de decir que, eso me importa más bien poco. Es más, entiendo que la ética y la dignidad de la persona por el cargo que ostenta han de estar muy por encima de situaciones legales que, por muy legítimas que sean, no dejan de ser coyunturales y, por consiguiente, pueden cambiar en cualquier momento.
Como ya he escrito en alguna ocasión y me parece oportuno repetir aquí, la Monarquía es una forma de política sutil y muy delicada. La Jefatura del Estado se ejerce por los miembros de una familia en régimen de monopolio. Ese privilegio solo se puede entender de manera democrática si esa familia se singulariza por su exquisitez moral, el prestigio ganado a pulso, el reconocimiento de haber prestado grandes servicios a la comunidad, la ejemplaridad y la transparencia en el comportamiento de todos sus miembros con respecto a la sociedad en la que reinan.
Estas virtudes son exigibles a todos y cada uno de los miembros de la Dinastía. Por eso, la forma de proceder rey emérito, que hemos conocido en los últimos tiempos, es muy poco acorde con su dignidad y está poniendo en jaque la continuidad de la Dinastía que encarna su hijo y sucesor, Felipe VI. O como dice el conocido refrán: la mujer del César no solo debe ser honrada sino que debe aparentarlo.
No quisiera marchar de este mundo sin ver el advenimiento de la Tercera República. Pero como sociedad y como país estamos viviendo fuertes convulsiones y lo último que necesitamos en estos momentos es que haya turbulencias en la cabina de la Jefatura del Estado. Por eso, sería conveniente que el Rey procurara la rehabilitación política de la Institución.
Para ello debería dirigirse a la ciudadanía y sus representantes mediante comparecencia en el Congreso de los diputados para dar explicaciones y, sobre todo, proponer soluciones que deberían tener como eje vertebrador una amplia gama de reformas que hagan de la Monarquía una institución acorde con la sociedad actual. De esa manera, la Corona recuperaría la dignidad perdida sin caer en la humillación.
Según el artículo 14 de la Constitución los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Por lo tanto, no puede haber espacios de impunidad para nadie y el Monarca no ha de ser una excepción. Su inviolabilidad solo puede ser admisible si sus actos son refrendados por el Gobierno.
Ante esta situación, el Congreso, como representante de la soberanía popular, debería encontrar la manera de llevar a cabo una tarea tan delicada como específica, sin caer en servilismos ni privilegios innecesarios, pero utilizando el sentido común.
Entiendo que es muy improbable que algo así suceda; pero no se me ocurre una manera mejor de evitar que la Jefatura del Estado acabe emponzoñada en los juzgados, acorralada por delitos comunes, como si tratase de un delincuente cualquiera.
Bernardo Fernández
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