El diario Economía Digital asegura en un reportaje firmado por su director, Marcos Pardeiro, que la jueza que ha concedido permisos a los ‘Jordis’ y a Carme Forcadell es pareja de un contratista de la Generalitat de Catalunya.
Este medio afirma que la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5, María Jesús Arnau Sala, ha rechazado los recursos que ha estudiado de la fiscalía y que «los políticos presos, todos, ya cuentan con beneficiarse del 100.2 y seguir los pasos de Cuixart, Sànchez y Forcadell».
La junta de tratamiento de la prisión de Lledoners consideró que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart podían acogerse al 100.2 del reglamento penitenciario, que dicta que podrán pasar el día fuera del prisión de lunes a viernes, con el fin de trabajar o de hacer voluntariado.
Pardeiro informa que al ser presos de segundo grado el Tribunal Supremo no puede evitar que se aplique el 100.2, ya que solo se reservó la posibilidad de revocar el tercer grado.
La Fiscalía considera que esta aplicación del 100.2 es, de hecho, una forma sibilina de aplicar el tercer grado y ha presentado varios recursos. De momento han sido desestimados por la jueza Arnau Sala.
Economía Digital informa que la juez «está conforme con esta aplicación del reglamento» y aporta un dato curioso, que está «emparejada con un hombre habituado a trabajar en y con la Generalitat».
Se trata, según Economía Digital, de «Ramon Serra Masip, ahora presidente de Urbicsa Urbs Iudex Et Causidicus SA, la sociedad que se ocupa del mantenimiento de la Ciutat de la Justícia».
Este medio asegura que «Serra está más que acostumbrado a moverse entre las altas esferas de la Generalitat» y que «durante el ejercicio 2015, Urbicsa tuvo que hacer frente a una inversión de 5,4 millones de euros para adaptar unas instalaciones a usos judiciales. No tuvo que recurrir a los bancos porque la inversión se financió mediante la contratación de un préstamo de la Generalitat de 6,2 millones».
La información de Pardeiro concluye afirmando que «sus relaciones, todas, han despertado las suspicacias de quienes siguen con atención la evolución de los expedientes en el juzgado de vigilancia penitenciaria número 5, cuya titular mantiene a salvo su discreto perfil».
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