La invasión de Ceuta por docenas de miles de inmigrantes no solo ha puesto a prueba la capacidad asistencial de la zona, sino que ha derivado en un serio problema de orden público. Este mismo viernes, agentes de la Guardia Civil arrestaron a un ciudadano marroquí en la playa de Calamocarro, acusado de cometer una agresión sexual contra una joven marroquí de 22 años. El detenido, que carece de documentación y forma parte del último contingente entrado al margen de la ley, ha sido puesto a disposición de la Policía Nacional para su filiación y posterior expulsión.
Las cifras manejadas por los investigadores, y recogidas por Okdiario, confirman una tendencia tan preocupante como silenciada por el discurso oficial del Gobierno central. Hasta la fecha, las fuerzas de seguridad han contabilizado al menos 18 denuncias por delitos contra la libertad sexual vinculadas directamente a la invasión de Ceuta.
Entre las infracciones penales registradas figuran siete violaciones consumadas, cometidas presuntamente por varones procedentes de estas entradas masivas. La inacción gubernamental ante el control efectivo de las fronteras termina impactando de lleno en la seguridad física de las zonas más vulnerables.
Las víctimas del entramado de agresiones son, en su mayoría, mujeres jóvenes y menores que también cruzaron la demarcación de forma irregular. Sin embargo, la tensión cotidiana en las calles ceutíes ya ha salpicado de manera directa a la población residente. Una vecina de la ciudad autónoma ha formalizado recientemente la primera denuncia contra un varón inmigrante en situación irregular por un delito contra la libertad sexual. Las actuaciones policiales recogen patrones de ataque en grupo por parte de adultos y menores que continúan vagando por el casco urbano sin un control administrativo riguroso.
Los cuerpos de seguridad del Estado realizan un esfuerzo titánico en Ceuta con recursos limitados para frenar el incremento de la criminalidad. No obstante, la labor policial requiere un respaldo normativo y operativo real por parte del Ejecutivo de la Nación, más enfocado en el relato que en la eficacia. El desafío en la ciudad autónoma exige medidas inmediatas de devolución y un refuerzo permanente de la vigilancia fronteriza. Sin una estrategia clara y tajante, el coste social de la permisividad ideológica continuará recayendo sobre los ciudadanos de a pie.
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