La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, han detenido a 23 personas (20 hombres y tres mujeres) como presuntos responsables de delitos de estafa, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Los detenidos habrían estafado, en un período de medio año, más de un millón de euros a más de 1.200 personas en todo el territorio nacional. Entre todos los detenidos suman un total de 139 antecedentes por delitos contra el patrimonio y tráfico de drogas.
A mediados del mes de octubre del año pasado, se detectó un aumento de denuncias relacionadas con estafas virtuales en las que los autores utilizaban nuevas tecnologías para enviar correos electrónicos y mensajes en aplicaciones de mensajería y redes sociales con el objetivo de obtener datos personales de las víctimas para sustraerles dinero.
En el transcurso de la investigación se identificaron numerosas víctimas en toda España que habían sufrido el mismo tipo de estafa por parte de una misma organización criminal. En este punto, se estableció un Equipo Conjunto de Investigación formado por investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional, la DIC de la Región Policial Central de los Mossos d’Esquadra, y de la Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza, bajo la coordinación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO).
La estafa consistía en el envío masivo de mensajes de texto a un número indeterminado de víctimas elegidas al azar simulando que se trataba de su entidad bancaria y en los que se les informaba de un acceso ilegítimo a su cuenta corriente.
A partir de ahí, si la víctima se creía el mensaje, seguía las indicaciones y accedía a un enlace que la llevaba a una página web falsa con la apariencia de la real. Los estafadores, mediante diferentes técnicas, entre las que destaca la ingeniería social, llamaban a las víctimas haciéndose pasar por un gestor del banco y conseguían una serie de datos personales. Con esta información accedían de forma totalmente ilícita a las cuentas bancarias para realizar operaciones fraudulentas.
La organización criminal, que estaba establecida en la comarca de Osona, realizaba la mayoría de las extracciones de dinero en cajeros de Barcelona y Girona, pero también se determinó que lo hacían en otros puntos, como en cajeros del País Vasco, con el fin de dificultar su identificación valiéndose de la itinerancia delictiva.
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