La Fundación Hay Derecho ha presentado su ‘Informe Estado de derecho 2024’, una investigación propia basada en datos que mide la realidad de la democracia y el Estado de derecho en España. El informe examina la situación de poder judicial, ejecutivo, parlamento y órganos de control y garantía.
Entre las conclusiones destacadas hay una muy reveladora sobre el estado del sistema judicial en Cataluña: es la segunda comunidad autónoma con menor número de jueces por habitante, después de Castilla-La Mancha.
España es uno de los países europeos con menor número de jueces por habitante: 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, frente a una media europea de 22. Cataluña está significativamente por debajo de la media española, siendo la segunda comunidad autónoma con menor número de jueces por habitante. También es la región con menor antigüedad de los jueces.
El informe revela, además, una preocupante tendencia hacia la politización de los órganos de garantía y control en España, con instituciones en el punto de mira tan relevantes como el Tribunal Constitucional donde los datos muestran un incremento de la vinculación política de sus magistrados.
En el caso de Cataluña, el pacto de 2022 entre los entonces partidos del Govern –Junts y ERC– con el PSC tuvo como resultado «un reparto de cromos partidista de las principales instituciones de contrapoder y garantía y medios de comunicación públicos».
«Por ejemplo, es un problema persistente en la Sindicatura de Comptes, en el Consell de Garanties Estatutàries, en TV3, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya o en la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP)», añade dicho estudio.
La investigación revela también algunas malas prácticas en el procedimiento legislativo. En Cataluña se consolida el abuso del decreto-ley: desde 2022 y hasta la actualidad, se han aprobado 28 decretos-leyes frente a 24 leyes.
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