“Exigimos a la Generalitat que adopte las medidas necesarias para respetar la obligatoriedad de impartir el 25% de educación en castellano como ha vuelto a marcar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)”. De esta manera ha salido al paso el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament de Cataluña Nacho Martín Blanco ante las dos sentencias dictadas por el TSJC, las cuales se suman a las pronunciadas anteriormente “como la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 sobre el Estatuto de Autonomía en la que se especificaba que en ningún caso el castellano puede ser excluido como lengua vehicular”.
En ese sentido, el parlamentario liberal ha querido remarcar que “no hay nada más político, ideológico e identitario que exigir a una sociedad bilingüe que tenga un sistema educativo monolingüe” y es por ello que Cs solicitará información y documentación de los actos y las resoluciones administrativas adoptadas por la Generalitat para dar cumplimiento a su deber de impartir la enseñanza en las dos lenguas vehiculares de la autonomía catalana.
Martín Blanco ha considerado “innegociable” el derecho de todos los padres catalanes a que sus hijos reciban clases en las dos lenguas vehiculares de Cataluña. “En contra de lo que algunos sostienen, lengua vehicular quiere decir lengua de enseñanza y eso supone impartir no solo las asignaturas de lengua y literatura española sino también otras asignaturas no lingüísticas”, ha explicado.
Además, el diputado liberal ha remarcado como en Cataluña “llevamos muchos años en los que no se respeta ese derecho de los padres a que sus hijos reciban educación también en castellano, que sería lo normal en una sociedad bilingüe” y ha criticado que los sucesivos gobiernos nacionalistas como el PSC hayan “excluido esa posibilidad al dejar fuera del sistema educativo la docencia en castellano”.
Por otro lado, el portavoz liberal ha querido llamar la atención sobre un hecho “escandaloso” como es el comunicado emitido por el departamento d’Educació “cuestionando las resoluciones judiciales, menospreciando la separación de poderes y el principio de legalidad” y alentando a la desobediencia de dichas sentencias. “Es una vergüenza que desde el Govern de la Generalitat se intente desautorizar a los jueces y se decida no atender lo que dictan los jueces porqué es un precedente absolutamente perjudicial para un estado democrático. Si todo el mundo hiciera lo mismo esto sería la jungla”, ha lamentado.
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