La Unión Europea ha decidido pasar a la ofensiva para proteger su soberanía tecnológica. Bajo el liderazgo de la vicepresidenta Henna Virkkunen, Bruselas ha propuesto una reforma de la Ley de Ciberseguridad que acaba con la era de las recomendaciones voluntarias. Lo que antes eran sugerencias, ahora se convertirá en una obligación legal: los gobiernos deberán expulsar de sus infraestructuras críticas a gigantes como Huawei y ZTE.
Esta medida es un golpe directo a la estrategia de «perfil bajo» que ha mantenido el Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia. Mientras otros socios europeos ya habían tomado medidas drásticas, España se ha mostrado tibia, evitando señalar directamente a las empresas chinas para no comprometer relaciones comerciales. Ahora, las directrices de Bruselas no dejarán margen para la ambigüedad política ni los equilibrios diplomáticos.
Virkkunen ha sido tajante al justificar esta ambiciosa reforma. Según la Comisión, las amenazas digitales ya no son meros problemas técnicos, sino riesgos estratégicos que ponen en jaque nuestra democracia y economía. La dependencia de proveedores controlados por regímenes autoritarios se percibe hoy como una vulnerabilidad inaceptable en el corazón de las comunicaciones europeas.
El paquete legislativo busca blindar las cadenas de suministro de infraestructuras esenciales. La propuesta establece la creación de una «lista negra» comunitaria para identificar formalmente a los proveedores de alto riesgo. Una vez que la regulación entre en vigor, los países de la UE tendrán un plazo máximo de tres años para rescindir cualquier contrato vigente con estas compañías en sectores críticos.
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