La Fiscalía Anticorrupción ha lanzado una dura ofensiva contra el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. El Ministerio Público solicita una pena de 24 años de prisión para el expolítico socialista.
Los fiscales le imputan cinco delitos de máxima gravedad relacionados con el escándalo de las mascarillas conocido como el caso Koldo. Estos incluyen pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.
Además de la pena de cárcel, la acusación reclama que Ábalos sea castigado con una multa que asciende a 3,7 millones de euros. La petición evidencia la seriedad de los cargos contra una figura clave del socialismo. La acción de la Fiscalía se extiende al que fue su asesor en el Ministerio, Koldo García Izaguirre. Para este, la solicitud de pena es también muy alta: 19 años y medio de prisión.
García, supuesto cabecilla de la trama y persona de la máxima confianza de Ábalos, también enfrenta la acusación por los mismos cinco delitos. La multa que se le exige es de 3,9 millones de euros, apenas superior a la de su exjefe.
El escrito de acusación señala un presunto acuerdo para obtener un beneficio económico común aprovechando los cargos públicos. La Fiscalía describe un pacto entre Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama.
Este acuerdo se habría cimentado en la posición de Ábalos tanto en el Gobierno de España como en la cúpula del partido socialista. Su rol supuestamente facilitaría la contratación pública a cambio de un beneficio repartido entre los implicados.
Anticorrupción detalla que Ábalos, en connivencia con Koldo García, acordó la adquisición de mascarillas. Los contratos se habrían realizado a través de dos entes públicos de Transportes, como Puertos del Estado y ADIF. Todo ello habría ocurrido en el crítico contexto de la pandemia de COVID-19, un periodo de máxima necesidad social. El fiscal sostiene que ambos responsables públicos recibieron una compensación económica indebida del empresario De Aldama.
El presunto conseguidor, Víctor de Aldama, también afronta una petición de cárcel, aunque menor, de cuatro años de prisión. En su caso se le aplica la atenuante de confesión, y se le pide una multa de 3,8 millones de euros.
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