La radiotelevisión pública debería ser el espacio de referencia para una información veraz, plural y al servicio del interés general. Sin embargo, en los últimos meses TVE ha ido derivando hacia un modelo cada vez más reconocible de alineamiento gubernamental, donde la frontera entre información y propaganda se difumina hasta desaparecer. El resultado es una cadena financiada por todos los españoles, pero utilizada como altavoz del poder.
El control político de RTVE no es nuevo, pero con el actual Gobierno del PSOE se ha perfeccionado una forma de colonización menos burda y más eficaz: cambios en la cúpula, decisiones editoriales orientadas y una selección de contenidos que refuerza el relato oficial. Todo ello, bajo la coartada de la “normalidad institucional”, mientras se debilitan los contrapesos internos y se margina la disidencia profesional.
Los informativos son el ejemplo más evidente. La jerarquización de las noticias, el tiempo dedicado a los mensajes del Ejecutivo y el tratamiento complaciente de sus polémicas en los primeros telediarios del año contrastan con la dureza aplicada a la oposición. No se trata solo de lo que se cuenta, sino de lo que se oculta o se minimiza, una técnica clásica de manipulación que convierte la omisión en herramienta política.
A ello se suma el uso de tertulias y programas de análisis con una pluralidad más aparente que real, como en ‘Mañaneros’ o ‘Malas Lenguas’ que en el nuevo año siguen manteniendo su tono de propaganda del PSOE. Los perfiles críticos con el Gobierno son escasos o están cuidadosamente compensados por una mayoría afín, mientras determinados escándalos que afectan al Gobierno reciben un tratamiento superficial o simplemente desaparecen de la agenda. El mensaje es claro: hay temas incómodos que no merecen foco.
Todo este engranaje se sostiene con dinero público. Los impuestos de millones de ciudadanos, piensen como piensen, financian una televisión que actúa como instrumento partidista. Es una perversión del servicio público: el contribuyente paga y el Gobierno cobra en forma de relato favorable y blindaje mediático. Ahí está el escandaloso caso de ‘La revuelta’ de David Broncano: 28 millones de euros en dos años para un lateshow que no requiere grandes inversiones que genera un contenido pensado para acercar a los más jóvenes a las propuestas de Sánchez, y que en el 2026 aumentará su apuesta progubernamental.
Resulta especialmente grave si se compara con los estándares de neutralidad exigidos en otros países europeos, donde la independencia de los medios públicos es un pilar democrático irrenunciable. En España, en cambio, el PSOE ha asumido con naturalidad que TVE forme parte del ecosistema comunicativo del poder, sin rubor ni explicaciones.
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