El sindicato AMES ha hecho público el siguiente comunicado:
En relación con el actual debate sobre cómo evitar que los libros de texto contengan ideas políticas partidistas, consideramos necesario informar a la sociedad de que existe una medida académica muy sencilla para evitarlo, y no solo en los libros de texto, sino también respecto a los comentarios que pueda hacer un profesor en ese sentido.
Se trata de una medida muy eficaz y que no precisa la recuperación, por parte del Ministerio, de las competencias educativas transferidas a las Comunidades Autónomas. Consiste en establecer una prueba de Estado al final de la ESO, cuya superación sea imprescindible para obtener el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria, que es la última etapa que cursan todos los alumnos.
Debería ser una prueba diseñada, pasada y corregida directamente por el Ministerio de Educación, mediante profesores externos al centro y preferiblemente de otras Comunidades Autónomas. Debería comprender exámenes de todas las materias y, por lo tanto, también de «Geografía e Historia» y de «Lengua castellana».
Debería ser la misma prueba para toda España, excepto en las Comunidades Autónomas bilingües, en las que habría un examen más sobre la otra lengua cooficial. Los alumnos que no la superaran deberían volverse a presentar para poder obtener el título de la ESO, cuya concesión es una potestad exclusiva del Ministerio de Educación y no de las Comunidades Autónomas.
Estas pruebas permitirían garantizar a los padres que sus hijos han recibido los contenidos establecidos, con un enfoque acorde con la Constitución y con los niveles apropiados. Además, servirían para orientar al profesorado sobre los conocimientos básicos que es necesario enseñar y harían compatible el control académico de la enseñanza por parte del Ministerio, con las actividades académicas complementarias y con la gestión administrativa de los centros por parte de las diferentes Consejerías de Enseñanza autonómicas.
No hay ninguna dificultad legal para la puesta en marcha de esta prueba de Estado, ya que unas pruebas muy parecidas ya están contempladas en la actual ley de educación (LOE-LOMCE, Artículos 6bis y 28), pruebas que actualmente están congeladas por decisión unilateral del Ministerio de Educación. En conclusión, que la solución ya existe y que es la sociedad la que ha de decidir que se aplique para que el sistema educativo funcione, aunque esto implique más esfuerzo por parte del alumnado y del profesorado y el riesgo de suspender, o que no se aplique, pese a que los niveles académicos sigan bajando y los grados de adoctrinamiento político sigan aumentando.
Barcelona, 21 de septiembre de 2018
Sindicato AMES (Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari)
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