Alejandro Fernández: “La Ley Celaá rompe el modelo de convivencia entre educación pública, concertada y privada que estaba funcionado con normalidad”

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, ha manifestado hoy, tras reunirse con representantes de AMPAS de colegios concertados en Sant Cugat que “la Ley Celaá rompe el modelo de convivencia entre la educación pública, concertada y privada, donde no había ningún tipo de problema y estaba funcionando con total normalidad”.

Para Alejandro Fernández, que ha recordado que el Partido Popular se sumará a las manifestaciones contra le Ley Celaá y en defensa de la libertad educativa, esta ley representa “un ataque sin precedentes a la libertad educativa, a la libertad de todos los padres a elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos”.

El presidente Popular ha recordado que esa libertad nace en España a través de un gran acuerdo que equipara a nuestro país al resto de grandes democracias europeas, “en el sentido de aceptar que la educación pública no es sólo la estrictamente pública, sino que dentro del paquete del sistema público educativo esta también la educación concertada. Y eso se hizo para garantizar que los padres pudieran elegir el modelo educativo para sus hijos libremente”.

“La educación concertada no es para los ricos como dice la izquierda, de hecho, es un modelo educativo al que acuden familias que hacen un gran esfuerzo para llevar a sus hijos porque coinciden con ese modelo y por lo tanto son las familias más humildes las que salen más perjudicadas cuando se retira esa libertad educativa”, ha explicado.

El presidente del PPC ha añadido que “son también las familias más humildes las que salen más perjudicadas con esta ley al retirar la cultura del esfuerzo”. “Cuando se decide que se puede pasar de curso con asignaturas suspendidas se está trasladando que el título de la educación pública no tiene ningún valor y, por desgracia, el mercado laboral, las empresas, difícilmente darán valor a un título que se puede conseguir sin esfuerzo”.

Alejandro Fernández ha destacado que la Ley Celaá “comporta también un ataque sin precedentes a la educación especial, donde los niños tienen necesidades diversas, algunas de las cuales encajan a la perfección en el sistema educativo convencional reglado e incluso pueden ofrecer excelente rendimiento, pero hay otros que no y esa decisión corresponde a los padres”.

“Ahora hay algunos padres terriblemente angustiados pensando que sus hijos no van a poder recibir el tipo de atención que necesitan y que solo se puede dar en centros de educación especial. Pretender que los niños con necesidades especiales son una especie de experimento al servicio de la diversidad es atacar a los padres, a los niños y un ataque sin precedentes a un modelo de educación equilibrado”, ha subrayado

Asimismo, Fernández ha dicho que “el modelo educativo que surge de la Ley Celaá es un ataque a la convivencia lingüística, también sin precedentes, un modelo que todos deberíamos defender con absoluta normalidad”. En este sentido se ha referido a la sentencia esta semana del TSJC, que se suma a tres anteriores incluidas la del Supremo y el Constitucional, “estas cuatro sentencias indican que hay conjunción lingüística, que ambas son vehiculares y que como mínimo un 25% de las horas lectivas deben ser en una de ellas.

Respecto a las nuevas y últimas restricciones frente al Covid, el presidente del PPC ha insistido que “corresponde al gobierno de España coordinar y liderar”. Para Alejandro Fernández “no tiene ningún sentido que en España tengamos 17 planes distintos de Navidad y de vacunación, tiene que haber un gobierno de España que defina un modelo y a partir de ahí cada comunidad autónoma, dentro de su marco competencial, poder introducir modificaciones y matices”.

“No hay ningún otro gobierno en toda Europa donde le gobierno de la nación se inhiba como está haciendo Sánchez y deje al caos el galimatías incomprensible que para muchas familias están significando las noticias sobre las medidas a tomar”, ha concluido.

En el caso de Cataluña, para el presidente Popular “es especialmente sangrante” porque si bien es verdad en otras comunidades se han producido cierres puntuales en la restauración y en la hostelería, en ningún sitio se ha producido un ataque sistemático hacia este sector fundamental para la economía como está sucediendo en Cataluña. El Govern en lugar de profundizar en el rastreo se dedica a señalar con el dedo al restauración cuando no hay ninguna prueba científica que sea en los bares y restaurantes donde más se contagie”.

“Exigimos al Govern que no focalice solo en un sector toda la responsabilidad de los contagios y que mejore los rastreos y los tests masivos, que es como se resuelve, como se ha demostrado en la comunidad de Madrid, y no cerrándolo todo”.

Respecto a un posible aplazamiento electoral en Cataluña el presidente del PPC ha manifestado que el govern de Cataluña “debe garantizar los derechos y libertades de las personas a la hora de votar y garantizar las condiciones sanitarias”. “En las reuniones que hemos tenido con el Govern no se ha explicado de forma clara cuáles serán las condiciones que podrían provocar un aplazamiento por lo que tenemos la sensación que el Govern tiene miedo a las urnas y que por lo tanto no están analizando el aplazamiento en clave sanitaria sino en clave de sus intereses electorales”. “No vamos a aceptar que unas elecciones democráticas se aplacen porque hay un señor en Waterloo a quien no le conviene hacerlas ahora”.

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