A poco menos de un mes para el inicio del nuevo curso escolar, la justa reivindicación del derecho de todos los catalanes a estudiar también en español se vislumbra ya como una importante movilización popular que marcará un antes y un después en la lucha por la igualdad de derechos en Cataluña. Ha llegado el momento inaplazable en que todo auténtico demócrata se ha de pronunciar con claridad en defensa de una Cataluña plural, plenamente democrática, respetuosa con el Estado de derecho y con las tres lenguas oficiales de esta Comunidad reconocidas por la Constitución Española y por el Estatuto de Autonomía: español, catalán y aranés.
Es por ello por lo que Sociedad Civil Catalana, junto con todas las entidades que integran Escuela de Todos, llama a participar en un gran acto cívico por la igualdad de derechos y por la convivencia, que tendrá lugar el 18 de septiembre en Barcelona.
Durante más de treinta años, los catalanes hemos asistido indefensos a la vulneración sistemática de los derechos de las familias que reclamaban para sus hijos enseñanza también en español. Las sentencias de los tribunales han avalado reiteradamente la legitimidad y adecuación al marco constitucional de esta reivindicación, pero siempre han sido desoídas o burladas, mediante la práctica de un brutal y vergonzoso hostigamiento contra las familias demandantes, sin que los que tienen la obligación de hacer cumplir la ley hayan tomado medidas efectivas para evitarlo.
En abril de este año, el repugnante acoso infligido a un niño de apenas cinco años, conocido como el niño de Canet, y a sus padres marcó el punto culminante de la cruel discriminación que padecen los alumnos catalanes cuya lengua materna es la mayoritaria de Cataluña: el español. Nunca olvidaremos cómo los fanáticos más viscerales del nacionalismo catalán llegaron al extremo de exigir aislar al pequeño de sus compañeros; incluso animaron a apedrear su casa si la familia persistía en reclamar la ejecución de la sentencia que obligaba al colegio a impartir al menos un 25% de las horas lectivas en español.
Este tipo de amenazas no es nuevo, pues, desde hace años, muchas otras familias vienen siendo acosadas por igual motivo; pero algo ha cambiado: por primera vez los medios de comunicación se han dignado, en su gran mayoría, a prestar una atención destacada a estas agresiones y a censurarlas claramente. La opinión pública, como no podía ser de otra manera, con la excepción de los recalcitrantes de siempre, capaces de justificar cualquier fechoría en aras de la causa nacionalista, no pudo por menos que escandalizarse ante el grado de ensañamiento ejercido por quienes se erigen a sí mismos en defensores de la lengua catalana contra una criatura indefensa y ante la incomprensible desmesura de no consentir ni siquiera un mísero 25% de enseñanza en español. Hubo, incluso, quienes gracias a esta sentencia y a la reacción provocada se enteraron por fin de que era verdad eso de que en Cataluña no se podía recibir educación en español.
Por si todo esto fuera poco, en mayo el TSJC resuelve hacer extensiva la obligación de impartir al menos un 25% de las clases en español a todos los colegios públicos y concertados catalanes. Es la bomba, pero el Gobierno nacionalista no se arredra; al contrario, al sentirse acorralado reacciona con virulencia extrema y se saca de la manga un decretazo, con claros visos de inconstitucionalidad, cuyo objetivo, al parecer, no es otro que el de eludir el cumplimiento de la sentencia del TSJC: abolición de porcentajes, es decir (lectura correcta), solo se admite el porcentaje del 100% en catalán y el 0% en español; extensión del uso exclusivo del catalán, única lengua vehicular, a todos los ámbitos escolares, incluidos los patios y comedores de las escuelas; obligación de todos los miembros de la comunidad educativa de interactuar entre ellos en catalán, dentro del centro y en las actividades extraescolares (por suerte aún no en sus casas, aunque ya advirtió el consejero González Cambray que había que relacionarse, incluso amar, siempre en catalán).
Y, como guinda del pastel, para vigilar e impedir que puedan soslayarse estas normas coercitivas, para cerrar cualquier vía de escape a la tiranía, se establece, en la más estricta tradición totalitaria, la figura del comisario del Régimen, en su modalidad eufemística de “coordinador lingüístico”.
Sin duda, cualquier demócrata debiera sentirse escandalizado por este bárbaro atropello totalitario del Estado de derecho, pero los nacionalistas lo justifican sin pudor en aras a lo que llaman defensa del catalán, como si las lenguas, debido a supuestas o imaginarias amenazas que se ciernen sobre ellas, pudieran pasar por encima de los derechos de las personas. Revelan así, aun sin quererlo, que el modelo lingüístico que imponen en las escuelas catalanas no obedece a razones pedagógicas, como se esfuerzan en argüir falazmente, sino identitarias.
El único motivo del 100% en catalán / 0% en español no es que los alumnos obtengan mejores resultados educativos (cosa que bien poco les importa, pues las familias pudientes nacionalistas ya libran a sus vástagos del monolingüismo en catalán llevándolos a colegios privados plurilingües), sino implantar en las mentes de los niños que el catalán es la única lengua de Cataluña, de modo tal que si quieren ser buenos catalanes han de abandonar el español, lengua forastera, como dicen, lengua enemiga de la catalanidad, y sustituirlo por la ‘lengua de la nación’.
Tal cúmulo de abusos no puede ser por más tiempo consentido. Cualquier demócrata, sea catalanohablante o hispanohablante, de izquierdas o de derechas, ha de sentirse emplazado por su conciencia a rebelarse contra tamaña injusticia. No es admisible en una sociedad democrática que el modelo educativo discrimine a los alumnos en razón de su lengua, de manera que unos pueden estudiarlo todo en su lengua materna catalana y otros no pueden estudiar nada en la suya, el español, con el agravante de ser esta la lengua mayoritaria de la población y la más extendida entre quienes disponen de menores recursos económicos, que resultan así doblemente perjudicados: en lo social y en el aprendizaje. Así pues, el ineludible compromiso con la democracia, la justicia y la convivencia nos marca el camino que conduce inexorablemente a la manifestación del 18 de septiembre en Barcelona.
Porque no existe el derecho a privar de derechos a los demás, porque no existe el derecho a imponer a una sociedad bilingüe una sola lengua de educación, porque la lengua mayoritaria de los catalanes no puede ser discriminada, porque todos los catalanes somos iguales en derechos, con independencia de cuántos de nuestros antepasados sean nacidos en Cataluña, porque no se puede convertir la educación en un instrumento de construcción nacional, porque convivencia no es sumisión… Simplemente, porque defendemos la libertad y la igualdad, el 18 de septiembre exigiremos a nuestros gobernantes que hagan prevalecer el Estado de derecho sobre quienes pretenden burlarlo con normas ad hoc que socavan los más elementales principios de convivencia democrática. No podemos, no puedes faltar. Te esperamos.
Dolores Agenjo Recuero. Vocal de la Junta Directiva de Societat Civil Catalana. Responsable de la Sectorial de Educación y Lengua
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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